Organizaciones civiles criticaron la interrupción en la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios y, en una carta enviada al Ministerio de Capital Humano, aseguraron que «reactivar la asistencia a quienes pasan hambre es urgente», especialmente por el impacto para niñas, niños y adolescentes.«La interrupción en la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios agrava la crisis alimentaria en la que viven millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. La decisión de revisar procesos o impulsar reformas en estos programas en ningún caso puede negar a nuestras niñeces y adolescencias el derecho a alimentarse», sostuvieron.
«Reactivar la asistencia a quienes pasan hambre es urgente», aseveró la misiva firmada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Sur Argentina, Infancia en Deuda y La Poderosa.
Según las organizaciones, en Argentina, niñas, niños y adolescentes (NNA) crecen en «condiciones críticas». Según el INDEC, de 12.2 millones de NNA, casi 7 millones viven en situación de pobreza y más de 1.7 millones no acceden a una alimentación suficiente.
«Los comedores y merenderos comunitarios cumplen un rol fundamental en este escenario. La mayoría de las familias puede asumir solo una comida importante al día y los comedores son un elemento central en su dinámica», aseveraron.
UNICEF ya había alertado en 2023 sobre el hecho de que más de 3,5 millones de niñas y niños habían dejado alguna de las comidas principales o se habían visto obligadas a modificar las proporciones consumidas con anterioridad.
«La interrupción en la provisión de alimentos a los comedores y merenderos del Ministerio de Capital Humano resulta en una gravísima violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, al negarles el acceso a alimentos, poner en riesgo su salud y su desarrollo y arrasar con un presupuesto básico para una vida digna», aseguraron las ONGs y citaron que la Constitución Nacional, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Nutrición y Alimentación Nacional prohíben «semejantes actos de abandono».
Las organizaciones recordaron que los altos índices de inflación (25,5% en diciembre y 20,6% en enero) «dificultan todavía más el acceso a una alimentación adecuada por parte de las familias en situación de vulnerabilidad» y llamaron la atención sobre la ejecución del presupuesto del ministerio para esta problemática.
«Al revisar los datos de ejecución que informa la Oficina Nacional de Presupuesto, se observa que los programas de Comedores Comunitarios y Merenderos ($34 mil millones), Complemento Alimentario ($86 mil millones) y Proyectos Focalizados en Vulnerabilidad Social ($7 mil millones) registran una ejecución del 0%. También el programa de Comedores Escolares ($48 mil millones) se encuentra totalmente inejecutado», afirmaron.
«Llamamos a las autoridades a reanudar de forma urgente la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. La alimentación de millones de niñas y niños no puede esperar», concluyeron.