El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no descartó este miércoles romper relaciones con Guatemala debido a la acusaciones de corrupción que la Fiscalía de ese país lanzó contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por su actuación cuando era miembro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo ya disuelto de la ONU, que calificó el hecho de «persecución».Las declaraciones de Petro contrastan con las del canciller de Colombia, Álvaro Leyva, quien horas antes había afirmado que las relaciones diplomáticas no corrían peligro y que las llamadas a consultas a los embajadores de uno y otro país eran «una respuesta natural».
Por el contrario, el presidente aseveró que las relaciones con Guatemala «llegarán hasta donde quieran llevar la situación».
«Nuestro ministro de Defensa se respeta, nuestro presidente se respeta y no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta, provenga de quien provenga», dijo Petro, en respuesta a su par guatemalteco, Alejandro Giammattei.
«Lo que están haciendo es vengarse por una acción que iba contra la impunidad, tomada por Naciones Unidas, no por el Gobierno de Colombia, pero con un ciudadano al frente que merece todo el respeto», subrayó el mandatario colombiano en declaraciones a la prensa a su paso por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
Petro matizó la primera versión del gobierno colombiano, que sostenía que las acusaciones eran una cuestión judicial y no una cuestión del Ejecutivo guatemalteco, recalcando que como la orden de captura es contra un funcionario del Gobierno, «está implicado el Gobierno y actuará como tal».
Al respecto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que es «preocupante» que aquellos que combatieron la «corrupción» asociada a la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, sean «perseguidos» por la Fiscalía de Guatemala.
«Estos procesos judiciales y la falta de garantías procesales atentan contra el estado de derecho en todo el país», indicó.
En el mismo tono, el vocero adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano, según el diario guatemalteco Prensa Libre.
«Su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”, remarcó Haq.
Finalmente agregó que el mismo secretario general de la organización, António Guterres, estaba preocupado por las informaciones que sugieren que se está llevando a cabo un “enjuiciamiento penal contra aquellos que trataron de arrojar luz en casos de corrupción y trabajaron para reforzar el sistema de justicia en Guatemala”.
Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala se tensaron el martes, cuando la fiscalía guatemalteca abrió una investigación contra Velásquez por su labor como miembro de la Cicig en ese país.
La Cicig, que funcionó entre 2006 y 2019, fue un organismo dependiente de la ONU, creado con acuerdo del gobierno de Guatemala para investigar hechos de corrupción en ese país.
Fue disuelta luego de que el entonces presidente guatemalteco, Jimmy Morales, expulsara a Velásquez, quien dirigía la Cicig desde 2013.
Giammattei hizo referencia el martes al pasado guerrillero de Gustavo Petro y lo llamó a la «cordura».
En tanto, su par colombiano le respondió en Twitter: «Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero» y agregó que «cordura en política significa luchar contra la corrupción».
El martes, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche -sancionado por Estados Unidos por obstruir casos de corrupción- acusó a Velásquez de formar parte de una trama corrupta tejida por Odebrecht cuando éste formaba parte de la Cicig en Guatemala.
Básicamente lo acusa de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de testigo protegido («colaborador eficaz») de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de Odebrecht en Guatemala.
Según Curruchiche, Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana (2014-18) otorgaron en 2017 el «visto bueno» para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, «lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando» con la firma brasileña.
Velásquez rechazó la acusación en un comunicado, tras indicar que no ha «sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala».