Ya el 23 de abril, una primera gran movilización convocada en unidad por los sindicatos universitarios, el movimiento estudiantil y las instituciones demostró el altísimo valor social que tiene la universidad pública en nuestro país. El 2 de octubre, la marcha que se propuso demandar al Congreso Nacional el rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, sumó un componente fuertemente republicano a esa demanda democrática. Esa es la impronta que tiene la exigencia de que el Parlamento escuche el clamor popular, y asegure que la voluntad arbitraria del Poder Ejecutivo -con la práctica de la extorsión y la compra de voluntades- no pueda convertirse en instrumento de intereses particulares que procuran rediseñar la institucionalidad que organiza nuestra vida social imponiendo en ella la clave oligárquica de la desigualdad que una minoría privilegiada pretende irreversible.
El intento del gobierno de desacreditar esta protesta a través de la diseminación de insultos, mentiras y descalificaciones enfrenta vanamente a una voluntad colectiva que frente a esos ataques no deja de fortalecerse y acrecentarse. Pero también expone con claridad el sentido autoritario del proyecto político en el gobierno, y el peligroso fascismo que su programa alienta en nuestra sociedad. Las provocaciones que en las últimas horas se han producido en algunas tomas y asambleas, así como la presencia ilegal de fuerzas de seguridad en algunos predios universitarios, tienen como trasfondo evidente la retahíla de agravios pronunciados o difundidos por el mismo presidente de la Nación y sus funcionarios, cuya vinculación con los grupos que han intentando amedrentar a manifestantes alguna fiscalía debería investigar, si es que en este país aún existe algo parecido a un Poder Judicial dispuesto a velar por las garantías constitucionales.
El reclamo universitario conlleva el cuestionamiento del programa económico, social y político del actual gobierno, que se estructura en torno al empobrecimiento de la clase trabajadora y a la eliminación de las funciones estatales vinculadas a la protección de los derechos personales y colectivos. El ajuste no sólo procura someter las universidades a la lógica del mercado, sino suprimir con ellas la comprensión de que una vida mejor es posible y obturar la producción de capacidades para hacerla realidad. Para quienes pretenden convertir a la Argentina en un territorio disponible para el saqueo, la universidad pública es un problema serio.
Esta lucha lleva una señal de esperanza: es necesario oponer al desquicio que la destructiva fantasía fundacionalista presidencial impone a la vida cotidiana de millones de personas a las que intentan convencer de la inevitabilidad de su sufrimiento. Cuando nuestra gente defiende la universidad pública, defiende el derecho a anhelar y hacer posible un futuro mejor. Como nos enseña nuestra historia, ese futuro alumbra en la rebeldía que no está dispuesta a abandonar las calles y las plazas, hasta que la patria justa, libre y soberana sea una realidad.
