El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una compleja organización criminal dedicada a estafas informáticas y lavado de activos. Esta banda generó un perjuicio económico superior a los 1.8 billones de pesos, afectando principalmente a empresas y entidades financieras del sector agropecuario.
La investigación, coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y enmarcada en el combate contra la ciberdelincuencia, tuvo su inicio en octubre. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 del Departamento Judicial de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen, a cargo del Dr. Néstor Mastorchio, convocaron al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado para investigar la estructura delictiva.
El modus operandi de la banda
Según la investigación, la banda utilizaba documentación apócrifa para la apertura de cuentas bancarias en sucursales de un banco privado. A través de estas cuentas fraudulentas, accedían a préstamos bancarios cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a empresas de criptoactivos. Posteriormente, el dinero era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y se remitía a billeteras digitales de origen aún desconocido.
Para encubrir estas operaciones y otorgarles apariencia de legalidad, el grupo recurría a terceras personas que simulaban realizar actividades de arbitraje de criptoactivos. Las pesquisas determinaron que estas maniobras carecían de legitimidad, ya que ninguno de los involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), registro obligatorio según la normativa vigente.
La falta de documentación respaldatoria y registros estatales reforzó la hipótesis de un esquema sofisticado para ocultar fondos y dar apariencia de legalidad al dinero obtenido de actividades ilícitas.
A raíz de esto, la Justicia libró órdenes de presentación a sucursales de la entidad bancaria, lo que permitió identificar a varias empresas damnificadas, todas vinculadas al sector agropecuario, confirmándose que la organización sustrajo un monto aproximado a 1.8 billones de pesos.
Detenciones y elementos secuestrados
Con la totalidad de las evidencias reunidas, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del Dr. César Alejandro Solazzi, Secretaría Única de la Dra. María Alicia Clerc, ordenó la realización de ocho allanamientos. Dos de ellos se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y los dos restantes en Santa Fe.
Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a tres hombres y notificaron de la causa a otros dos. Además, se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo (pesos argentinos, dólares y otras divisas), teléfonos celulares, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y documentación de alto valor probatorio.
Los operativos tuvieron lugar en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero, y en las localidades de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, Colón, Rosario y General López. Contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, personal de la Policía de la provincia de Santa Fe y de la Comisaría 4ª de la ciudad de Firmat.
Asimismo, se realizó un operativo discreto en la vía pública, en la intersección de Avenida Belgrano y Castro Barros en la Ciudad de Buenos Aires, para detener a uno de los sospechosos que no había sido hallado en los allanamientos iniciales. Tanto los detenidos como los imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por el delito de “Asociación ilícita”.