La guerra entre el Gobierno y la oposición parlamentaria en el Perú tendrá su próximo episodio en el Tribunal Constitucional (TC), que determinará si, como cree el Ejecutivo, una espada de Damocles comenzó a bailar sobre la cabeza de los parlamentarios.El TC, en concreto, tendrá que decidir si lo que ocurrió la semana pasada, cuando el Gobierno cambió de gabinete ministerial al considerar que el anterior fue censurado, fue en efecto una censura, pues, de serlo, se habría dado un primer paso para un eventual cierre constitucional del Congreso.
Así, en medio de figuras técnicas de difícil comprensión para el peruano promedio, continúa la crisis en un contexto en que, según una encuesta de IEP publicada el domingo, la aceptación popular para el presidente Pedro Castillo llega a 31 % y la del Parlamento a 10 %, mientras 86 % pide «que se vayan todos».
El nuevo capítulo comenzó cuando el Gobierno de izquierda le pidió al Congreso, controlado por fuerzas de derecha, que derogue una ley que establece que cualquier referendo que se convoque debe ser autorizado por el Legislativo. Y lo hizo bajo la figura de cuestión de confianza.
El Congreso se negó a ver el tema, por lo que el Ejecutivo consideró rechazada una cuestión de confianza y procedió en consecuencia a cambiar el gabinete. Por Constitución, si se rechazan dos cuestiones de confianza en un período el jefe de Estado puede cerrar legamente el Congreso.
Según la nueva jefa del Consejo de Ministros, Bettsy Chávez, el Gobierno no desea cerrar el Congreso y quiere dialogar. Pero la oposición dice que hay una actitud provocadora, que se refleja en la designación como jefa de gabinete de alguien cuyos choques con el Congreso han sido duros.
A más tardar en un mes, Chávez tendrá que presentarse ante el Parlamento para pedir el voto de confianza que necesita por ley todo equipo ministerial entrante. Si se le niega, se habría dado teóricamente la segunda negativa y estarían dadas las condiciones para que Castillo disuelva al Legislativo.
En ese marco, el Congreso recurrió al TC para plantear lo que se denomina «denuncia competencial». Ese tribunal analizará la procedencia de lo actuado y determinará si hubo rechazo a una cuestión de confianza o si el Congreso tuvo razones para actuar como lo hizo.
Según le dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, el hecho de que el TC haya determinado ya que la ley de referendo que pretendía derogar el Gobierno es constitucional, podría ser un indicio de que no considerará aplicable la cuestión de confianza. Sin embargo, aclaró, habrá que esperar.
Mientras tanto, en el potencialmente cercado Congreso avanza el análisis de una denuncia constitucional de la Fiscalía que, a la vez, apunta a la posibilidad de que Castillo sea suspendido de funciones por tiempo indefinido, lo que en términos prácticos implicaría un cambio de presidente.
La denuncia constitucional, para la que la Fiscalía asegura tener casi 200 elementos probatorios, apunta a que Castillo ha cometido supuestamente delitos de corrupción. Si la denuncia se aprueba en el pleno, las condiciones para la suspensión del presidente podrían darse. Pero, por Constitución, a un presidente en funciones solo se le puede destituir por cuatro delitos puntuales, relacionados con traición a la patria u obstaculización de elecciones. En los demás casos, sin importar la gravedad de los cargos, se debe esperar el fin del mandato.
La Fiscalía y los defensores de la denuncia aspiran a superar el obstáculo con el argumento de que el Perú es signatario de convenios internacionales anticorrupción que podrían tomar categoría de mandatos constitucionales. Esa interpretación, sin embargo, tiene muchos objetores, incluso entre juristas críticos de Castillo.
Ya la semana pasada, cuando estaba en el Perú un Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la crisis, el TC golpeó las pretensiones de la oposición al ordenar el archivamiento de una denuncia por traición a la patria que avanzaba en el Congreso contra el presidente.
En ese caso, basado en una entrevista de televisión en la que Castillo no descartó un referendo sobre cederle una salida al mar a Bolivia, incluso sectores que rechazan al Gobierno advertían de pretensiones de forzar la ley para convertir en delito lo que no pasaba de ser una opinión.
Castillo, asediado por el Congreso desde el momento mismo en que se posesionó en julio de año pasado, califica las maniobras de la oposición como un golpe de Estado en marcha, por lo que recurrió a la OEA para que se vea el caso a través de su Carta Democrática Interamericana.
«La sensación es que hay que tratar de trabajar con la mayor celeridad. Nosotros tuvimos la tarea de tratar de hacer lo que estuviera a nuestro alcance para entrevistarnos con la mayor cantidad posible de instituciones», le dijo a Télam el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, miembro del Grupo de Alto Nivel que visitó Lima.
Ese grupo, formado por cancilleres o vicecancilleres de siete países y por un representante de la Secretaría General de la OEA, tendrá que elaborar un informe, a partir del cual se tomarán las decisiones del foro continental.
Pero en el Perú, salvo por algún optimismo expresado por el Gobierno, no hay confianza en lo que pueda salir, entre otras cosas porque la OEA no tiene mandatos vinculantes que superen la profunda polarización.
De hecho, este domingo fracasó un intento de acercamiento formulado por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pues ni representantes del Gobierno ni del Congreso acudieron a una cita para conversar entre poderes.
Entretanto, Chávez, abogada de 33 años que ha destacado por su perfil alto para enfrentar a la oposición como ministra de Trabajo y de Cultura, inició trabajos en medio de la alta rotación de funcionarios, expresada en el paso de más de 70 ministros en las 19 carteras en 16 meses.
Las encuestas señalan que hay acogida para un adelanto de las elecciones previstas para 2026, pero tanto el Gobierno como el Congreso objetan esa posibilidad y las entidades cívicas que la promueven aún no logran la fuerza para forzar la figura.