La investigación judicial sobre la mansión de Pilar, vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sigue sumando capítulos. Pasadas las 11.10 de ayer, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dieron por finalizado un nuevo procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, retirándose del hangar de la empresa Flyzar con la documentación que había sido requerida el pasado viernes por la Justicia federal.
El operativo, ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se desarrolló con una particularidad que llamó la atención de los investigadores: la entrega de la información se realizó bajo un estricto hermetismo.
Según pudo reconstruir Infobae de fuentes judiciales, los agentes fueron recibidos nuevamente por Felipe Carmona Natta, propietario de la firma aeronáutica, quien estuvo presente durante todo el procedimiento. Al momento de entregar los papeles solicitados -fundamentalmente las órdenes de vuelo y los registros de pasajeros-, desde la empresa optaron por hacerlo en un «sobre cerrado». La justificación brindada a las autoridades fue tajante: «No queremos que se filtre información», buscando resguardar la identidad de sus clientes VIP ante el alto perfil mediático que adquirió el expediente.
El material, que ahora viaja rumbo al juzgado de Campana, es considerado «crítico» para el avance de la causa. El magistrado busca cotejar estos registros oficiales con los testimonios brindados anteriormente por los pilotos de los helicópteros, quienes declararon cuando el expediente aún tramitaba en el fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
En aquella oportunidad los comandantes de las aeronaves aseguraron bajo juramento que no conocían al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, ni a su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino. Para justificar los frecuentes aterrizajes en la quinta de Villa Rosa alegaron que simplemente realizaban «vuelos de entrenamiento», una versión que generó dudas en los tribunales, dado el costo operativo de mover ese tipo de aeronaves sin pasajeros.
La normativa aeronáutica establece que la responsabilidad de llevar el control de quién sube y baja de las aeronaves en instalaciones privadas recae sobre los encargados de dichos hangares y helipuertos. Por ello, si los papeles entregados hoy por Flyzar confirman la presencia de los dirigentes del fútbol en esos vuelos, la situación procesal de los pilotos podría complicarse por falso testimonio, y se confirmaría el nexo directo entre la cúpula de la AFA y la propiedad investigada.
La ruta del dinero y los «prestanombres»
El operativo en San Fernando no es una medida aislada, sino una pieza más en el rompecabezas que intenta armar el juez González Charvay. El procedimiento forma parte de una batería de órdenes dictadas el pasado miércoles, que incluyen requerimientos de documentación a diversos organismos públicos y privados, así como la realización de tres pericias específicas contables y tasaciones.
El foco de la investigación está puesto en esclarecer la titularidad real del inmueble y el origen de los fondos utilizados para su compra y mantenimiento. En los papeles, la lujosa propiedad figura a nombre de la firma Real Central SRL, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte.
La Justicia detectó inconsistencias en esta estructura. Según la documentación secuestrada, Pantano y Conte adquirieron la finca en mayo de 2024 por un monto declarado de 1.800.000 dólares. Sin embargo, una tasación oficial incorporada al expediente valoró el inmueble en una cifra cercana a los 17 millones de dólares, un abismo financiero que no encuentra justificación en los ingresos declarados por los supuestos dueños.
La hipótesis principal de los investigadores es que Pantano y Conte podrían estar actuando como prestanombres o testaferros, dado que su perfil patrimonial no coincide con la magnitud de la inversión inmobiliaria.
A esto se suma un dato revelador surgido del análisis de gastos: se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con la que registraba consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos. Entre esos gastos, aparecieron pagos de peajes de vehículos que circulaban con cédulas azules a nombre de familiares directos del tesorero de la entidad, reforzando la sospecha de que la «dueña» real de la mansión es la caja del fútbol argentino.
Las nuevas medidas probatorias, incluido el análisis del «sobre cerrado» retirado hoy, buscan cerrar el cerco sobre los movimientos societarios y fiscales para determinar si existió una maniobra compleja de ocultamiento patrimonial y lavado de dinero.