El 9 de septiembre pasado, el juez de ejecución subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Fabián Gustavo Cardozo, denegó la libertad condicional solicitada por el excoronel Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, condenado a prisión perpetua por homicidios calificados y desapariciones forzadas cometidos en la Masacre de Margarita Belén. La decisión no es aislada: se inscribe en una continuidad de Estado que entiende que sin reconocimiento del daño y compromiso con la ley no hay reinserción posible. Por eso, el pronunciamiento acompaña lo dictaminado por la Fiscalía Federal de Resistencia, que se opuso al beneficio.
Es el tercer condenado de la Masacre de Margarita Belén al que el juez Cardozo le niega la libertad condicional; los otros son Horacio Losito y Ricardo Guillermo Reyes.
Memorias del horror
En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, más de una veintena de detenidos políticos fueron sacados de la Alcaidía de Resistencia y, durante un supuesto traslado por la Ruta Nacional 11 hacia Formosa, efectivos del Ejército y de la Policía del Chaco los torturaron y ejecutaron; el hecho se encubrió como un “enfrentamiento” y varios cuerpos continúan desaparecidos.
La argumentación judicial hila su propio tejido. No se trata solo de evaluar conducta carcelaria, sino de medir comprensión histórica y responsabilidad. La resolución se sostiene en la entrevista del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara de Casación Penal, donde Carnero Sabol no asume responsabilidad, afirma que no fue correctamente condenado y reinterpreta los crímenes bajo el rótulo de una supuesta “guerra”. Ese punto enciende la alarma del tribunal: sin autocrítica ni empatía hacia quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Ese diagnóstico se enlaza, de inmediato, con la dimensión humana que late fuera del expediente. El fallo advierte que un beneficio anticipado “les genera animadversión” a las víctimas y sus familias porque se vive como una injusticia en un proceso de reparación tardío y todavía inconcluso. Para quienes siguen buscando a sus seres queridos, la falta de información mantiene encendida la sensación de impunidad y posterga el cierre de duelos que llevan décadas abiertos. La justicia, entonces, no habla solo a los abogados: le habla a una comunidad que sostiene la memoria.
En sintonía, la Fiscalía Federal, a través de los auxiliares fiscales Diego Vigay y Horacio Rodríguez, aporta la columna vertebral del caso. Su dictamen refuerza que Carnero Sabol “claramente no asume ninguna responsabilidad” ni la gravedad de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado, y que no hay rehabilitación tangible ni comprensión efectiva de la ley y de la sanción impuesta. Esa lectura no funciona como un listado, sino como un itinerario lógico: sin reconocimiento de culpa, no hay verdad posible; sin verdad, no hay reparación; sin reparación, no hay condiciones para una reinserción que respete el Estado de Derecho.
A ese hilo se suma una exigencia ética que trasciende el expediente: la búsqueda de la verdad material. La Fiscalía subraya que el condenado podría aportar información sobre qué se hizo con los cuerpos de las personas desaparecidas en Margarita Belén. No es un tecnicismo probatorio: es una llave de reparación para familias que todavía preguntan dónde están. Decirlo ahora, abrir esa puerta, sería un gesto mínimo frente a quince vidas truncas y a una sociedad que necesita saber para poder reparar.
En ese marco, el fallo no clausura el horizonte, pero fija condiciones claras. Recomienda el inicio de un tratamiento específico que contemple la historia vital del condenado y la naturaleza de los delitos de lesa humanidad. No es un atajo: es un piso. Si alguna vez se habla de rehabilitación, primero deberá hablarse de verdad, de asunción de responsabilidad y de empatía real con quienes sufrieron. Recién entonces podrá discutirse el resto.
La referencia histórica vuelve y ordena la escena. En 2011, la Justicia condenó a Carnero Sabol por los homicidios calificados y las desapariciones forzadas de quince víctimas en la Masacre de Margarita Belén, uno de los hitos del terrorismo de Estado. No son números: son nombres, proyectos, futuros arrebatados. Cada vez que un tribunal recuerda que no hay beneficios sin verdad, la democracia reafirma un consenso que nos sostiene desde hace cuatro décadas: los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se relativizan y no se justifican.
Por eso esta resolución no es un trámite: es una señal que vuelve a poner en el centro a quienes aún esperan respuestas. Es también un puente con las calles, con las rondas, con los pañuelos, con las aulas. Porque cada paso en sede judicial una y otra vez desemboca en la misma orilla: la memoria que nos organiza como sociedad.
Y así, entre la letra del derecho y el pulso de la historia, aparece lo esencial: la lucha de las y los 30 mil como bandera que no se arrea. Lo dicen las Madres, lo dicen las Hijas, lo dicen los compañeros y las compañeras cuando nombran a los suyos y siguen preguntando. La denegatoria de la libertad condicional a Carnero Sabol no devuelve lo perdido, pero afirma un límite y un compromiso.