La Legislatura provincial sancionó con fuerza de ley la adhesión de Corrientes a la norma nacional de «Desfederalización parcial de los casos de microtráfico de estupefacientes», popularmente conocida como «Narcomenudeo». El proyecto fue presentado a fines de 2024 por el Poder Ejecutivo provincial y demandó mucho trabajo técnico y político para lograr el consenso de senadores y diputados. Llevó tiempo y es lógico que así sea, se trata de una herramienta clave para combatir el flagelo de las drogas, pero es una herramienta que tiene bordes filosos. Y no siempre ha contribuido a los fines deseados, de hecho ya se aplica en una docena de distritos y los resultados son dispares: hay más quejas que satisfacción.
Los representantes del Poder Judicial de Corrientes objetaron su implementación. No es un dato menor. Las razones son atendibles (falta de condiciones objetivas para su aplicación debido a la estrechez del presupuesto), no obstante el peso del argumento, igual se puede avanzar con la iniciativa. Es lo que piensa hacer el gobernador Gustavo Valdés, que expuso su determinación en ese sentido aun bordeando el absolutismo.
No es saludable lo que hizo el mandatario, la imposición nunca es el mejor camino. Sin embargo es indispensable atacar el problema de manera decidida. La urgencia no es nueva, de tal modo que la definición de cualquier estrategia puede dilatarse en la búsqueda de consensos amplios y objetivos comunes.
Lo que no se puede consentir es la negación. Rendirse ante las limitaciones, la estrechez, las dificultades, no puede ser una opción. El quedarse de brazos cruzados no está permitido. Por eso es valorable lo que hizo el Gobierno correntino, ya consiguió el instrumento que requería, ahora hay que poner manos a la obra.
«La droga es una herida en nuestra sociedad que atrapa a muchos y hiere a familias enteras». Los obispos de Corrientes apelaron a una cita del papa Francisco para pronunciarse «con entusiasmo» por la sanción de la Ley de Narcomenudeo en la provincia.
«Somos testigos del sufrimiento de tantas familias golpeadas por las adicciones, particularmente de los más jóvenes que, en su vulnerabilidad, quedan atrapados en el consumo de sustancias que destruyen la vida, la esperanza y los vínculos más hondos», dice el comunicado que se conoció ayer. Los prelados advierten que la droga «es un problema social que nos involucra a todos».
Y en ese sentido subrayan que la legislación por sí sola no será una solución, «se necesita de una voluntad positiva de quienes son los responsables de su ejecución, pero también se necesita inversión económica y la creación de estructuras que hagan posible su cumplimiento». Se refieren al ámbito judicial, pero además resulta necesaria una complementación desde Salud Pública, Desarrollo Humano y Educación.
Suponer que el drama de la droga se puede resolver solamente con la persecución penal será un error grave que volverá inocua la legislación. Hay que entender la profundidad social del problema para no contentarse -como dijo una legisladora en la Cámara de Diputados- en la simple «detención al poriajú que se mueve en la motito, sin dar atención integral al círculo familiar que ha caído víctima del negocio de la droga».
Ahora hay una oportunidad, es de esperar que se pueda aprovechar correctamente. S
La provincia de Corrientes se adhirió a la ley nacional de desfederalización del microtráfico. Se trata apenas de un instrumento, no es la solución integral