La provincia de Corrientes ha dado media sanción a la Ley de Narcomenudeo en la Cámara de Senadores, lo que la deja a un paso de la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. La propuesta -que se aplica en otras jurisdicciones (donde incluso hay cárceles federales) y cuya idea viene circulando hace más de 10 años por la Legislatura- ha reabierto un debate de larga data, poniendo en el centro de la discusión la capacidad y preparación del Poder Judicial para asumir una carga procesal de tal envergadura tanto en materia de recursos humanos como económicos (con los magros aumentos que ha caracterizado al sector), más aún en un contexto de superpoblación penal de los reos del fuero local por aplicación de la flagrancia y el juicio abreviado. Además de sobrecargar a la Policía provincial con una nueva tarea, aunque el jefe de la fuerza de seguridad dijo estar preparado para enfrentar el desafío.
Esta decisión legislativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial y aprobada por unanimidad, busca dar una respuesta a un «reclamo tremendo de la sociedad» y abordar el colapso que, según los legisladores, sufren las fuerzas federales ante el 70% de las causas relacionadas con narcomenudeo. Sin embargo, esta medida no es ajena a las advertencias y posturas que el propio Poder Judicial correntino ha sostenido durante más de una década.
Desde el año 2014, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, a través del Acuerdo N.º 7/14, dejó sentada su posición al adherir a la declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del país (Jufejus) que expresaba una profunda preocupación por la promoción de la desfederalización de la ley de drogas.
La postura del Poder Judicial, tanto a nivel provincial -donde recién se están terminando de acomodar con el nuevo Código Procesal Penal- como federal -en serias dificultades tras el escándalo del juez Soto Dávila y las coimas a narcos por las que le dieron 6 años de cárcel- , ha sido consistentemente cautelosa y ha puesto el foco en las condiciones materiales y la seriedad organizativa con que se debe asumir un cambio de esta magnitud. En su declaración, la Jufejus explicitó que, si bien es esencial realizar un diagnóstico en cada territorio para determinar el impacto del traslado en el número de causas y la duración de los procesos, la desfederalización «sin dudas requiere un mayor número de fiscalías, la creación de laboratorios, organizar nuevos establecimientos donde alojar a los adictos como crear cuerpos de policías especializados bajo la égida del Poder Judicial». La declaración de la Jufejus concluyó que «no puede realizarse dicha reforma sin fijar las condiciones materiales necesarias y una política de seguridad integral que permitan avanzar seriamente en la lucha contra el narcotráfico como de la drogadependencia».
Empero el senador Diógenes González explicó que la decisión se tomó tras un análisis del funcionamiento de esta política en provincias como Jujuy, Salta y Entre Ríos, y de múltiples reuniones con magistrados y fiscales correntinos. «El Gobernador ingresó este proyecto a fines del año pasado, tomando este reclamo tremendo de la sociedad. La gente está muy indignada», dijo. El propio gobernador Valdés y sus ministros se han pronunciado en reiteradas oportunidades pidiendo a los legisladores que den prioridad al tratamiento del proyecto para su posterior implementación en el territorio, ya que si bien en los hechos la Policía ya detiene a personas por comercializar droga -el reciente caso Cheme lo gráfica-, las causas deben ser llevadas por el fuero federal. Ahora resta que el proyecto se debata en Diputados, donde el oficialismo ha perdido a su aliado ELI (capitaneado por el presidente del cuerpo desde hace una década, Pedro Cassani), quien antes de romper demostró con la Ley de Boleta Única en noviembre del 2024 tener capacidad para frenar e incluso imponer propuestas legislativas. No obstante, hace una década, cuando ya era titular de la Cámara baja Cassani fue el impulsor de una legislación similar. s