El senador nacional Edgardo Kueider que llegó al Congreso con la boleta del kirchnerismo y en medio del mandato hizo rancho aparte y ahora vota sin pestañear todo lo que manda el gobierno de Javier Milei, permanecerá detenido en un lujoso complejo habitacional de Asunción en Paraguay. Lo investigan por contrabando y lavado de activos luego de haber sido detenido en la Triple Frontera portando una mochila con 200.000 dólares, poco más de 600.000 pesos y casi 4 millones de guaraníes. Su abogado, un profesional paraguayo, aclaró ayer que él puso el dinero para su fianza: 150.000 dólares. Además de otros 150.000 para la fianza de su secretaria, una chica de Concordia. ¿Qué abogado tiene disponible 300.000 dólares cash para evitar que sus clientes queden encerrados y consigan prisión domiciliaria?
Todo lo que rodea al caso Kueider es extraño, lo judicial y también lo político. Por ejemplo, Unión por la Patria pide una convocatoria a sesión para la próxima semana para destituirlo; el Gobierno no quiere que lo destituyan, pero evita demostrar que lo está cuidando. Lo mejor para Milei y compañía sería cerrar el Congreso y evitar nuevos dolores de cabeza. Algo de eso ya hizo durante su primer año de gestión.
El Poder Legislativo durante la era Milei muestra un asombroso déficit en la producción de leyes, es verdad que hubo muchas discusiones -algunas muy intensas-, pero la elaboración y aprobación de proyectos viene raleada respecto de años anteriores. De hecho las Cámaras ni siquiera tuvieron sesiones ordinarias, solamente sesiones especiales que se convocan a pedido.
En virtud de este cuadro no debería extrañar que la sesión para tratar el tema del entrerriano Kueider nunca se haga y la banca del sujeto permanezca en un limbo.
Como sea, por ahora las negociaciones le ganaron por lejos a las sanciones. ¿Será así el 2025?
Un detalle que no es menor, y que refleja el perfil republicano del Gobierno, no se tratará el Presupuesto Nacional.
El informe 2024 del Directorio Legislativo, que comparó los primeros años de gestión de los últimos cuatro presidentes, relevó que el gobierno de Milei es el que menos habilitó sesiones, menos leyes sancionó y, pese a ser el que menor cantidad de proyectos puso a consideración para votar, tuvo el menor porcentaje de aprobación de los últimos 14 años: sólo 3 de 26, para un exiguo 12% comparando a sus antecesores (47% de Cristina Kirchner, 40% de Mauricio Macri y 50% de Alberto Fernández).
También tuvo una creciente cifra de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con 51 en sus primeros doce meses, muy por encima del inicio de las administraciones de Cristina Kirchner (11) y Mauricio Macri (17), pero por debajo de los decretos de Alberto Fernández (78), cuyo primer año de gobierno estuvo marcado por la pandemia.
La oposición intentó en dos ocasiones reformar el régimen de DNU, pero en ambas oportunidades las sesiones se cayeron por falta de quórum. Sin embargo, también ocurrió otro hecho inédito: se derogó por primera vez en la historia un decreto presidencial, el DNU 656/2024 que otorgaba fondos especiales para los Servicios de Inteligencia (Side). El primer período de sesiones ordinarias de Javier Milei también fue el de menor cantidad de leyes sancionadas de los últimos cuatro mandatos. Fueron 44 contra 64 del primer año de Alberto Fernández, 97 de Mauricio Macri y 114 de Cristina Kirchner. Otro registro importante es que 36 de las legislaciones que obtuvieron sanción provinieron del Ejecutivo y otras 8 de la oposición parlamentaria, por lo que los miembros de la bancada de La Libertad Avanza no pudieron hacer avanzar ninguna de sus iniciativas.