Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023, el presidente Javier Gerardo Milei dio de baja a 1.668 proyectos de obras que estaban en marcha en distintos puntos del país, transfirió a las provincias otros 500 proyectos y se quedó con 183 que continuarían en ejecución con el impulso del Gobierno Nacional. El detalle, que no es nuevo pero aporta precisiones sobre el abandono de la obra pública por parte del Estado central, se conoció en la reciente Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); el encargado de brindar el informe fue el secretario del área, Luis Giovine, el único funcionario de la administración de La Libertad Avanza que asistió al encuentro. Milei le hizo un vacío a la 70.ª edición de la Convención, sabía que iba a escuchar reclamos por eso decidió no asistir y mandó a un funcionario de tercera línea.
Otra señal del desprecio que el Presidente tiene con aquellos que sostienen un pensamiento o una mirada de la realidad distinta de la suya. Con su intolerancia, el libertario expresa básicamente un sesgo autoritario que es, por otra parte, lo que caracteriza a su gestión.
Lo que ha sucedido con la obra pública refleja claramente esa conducta que va más allá de los vínculos institucionales o las relaciones políticas. Por ejemplo, la suspensión o anulación de los proyectos de infraestructura se decidió por una razón economicista sin prestar atención a la afectación social que podría acarrear.
Para el gobierno de Milei lo importante no es el beneficio que una obra puede brindar a una comunidad, o a la sociedad en su conjunto, lo único que le interesa es que no ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Déficit cero, así fue como se paralizó durante todo el primer año de gestión el plan de obras públicas.
Fue más que una paralización, se desguazó el Ministerio y con él todos los programas sin reparo del nivel de avance de los proyectos. La provincia de Corrientes como otras jurisdicciones sufrieron el ajuste, que se dio en llamar «motosierra». El mamarracho vial que circunda la ciudad Capital y que se denomina Autovía de la Ruta 12 es el paradigma del abandono (nacional) y la desidia (local). Un buen reflejo de lo que significa la motosierra en la obra pública.
La Autovía representa el menosprecio y la ineficiencia. Los gobernantes, de todas las esferas, de aquí y de allá, suponen que ese maltrato al que someten a la gente no tendrá un costo político. Puede que tarde en llegar la factura, pero es ineludible: les tocará pagar.
En cada provincia, en cientos de municipios, hay casos iguales a los de (nuestra) Autovía. El Gobierno Nacional supone que ha justificado con un argumento fiscalista la destrucción de sueños de miles de argentinos que pretenden vivir mejor, en realidad sólo trasladó en el tiempo la demanda que se hace más potente con la postergación.
«Cada obra que emprendemos es una pieza fundamental en el desarrollo nacional. Hoy más que nunca, debemos pensar en infraestructura con una visión de futuro», afirmó Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), al hablar ante un millar de participantes en la 70.ª edición de la Convención, a la que Milei prefirió ignorar y además ordenó a sus ministros no asistir. Seguramente se esperaba un mensaje incómodo.
En su discurso, Weiss subrayó que la infraestructura «no es un concepto abstracto, sino el cimiento esencial de una sociedad moderna y justa». Fue en ese marco en el que secretario de Obras Públicas de la Nación, Giovine, ensayó una explicación señalando que «el primer objetivo del Gobierno fue revisar el desorden administrativo y de deudas».
La solución, simple: abandonaron 1.668 proyectos y el resto se lo pasaron a las provincias.