La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, pidió este martes al presidente Alberto Fernández que incorpore en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, para que sea aprobado por el Senado, el proyecto de «Ley Lucio», que establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el asesinado niño Lucio Dupuy.El niño fue asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa y por ese crimen están siendo juzgadas su madre, Magdalena Espósito, y la pareja de la mujer, Abigail Páez. El veredicto se conocerá el próximo 2 de Febrero.
En una nota enviada al presidente Fernández, Moreau solicitó que se incorpore al temario de extraordinarias esa iniciativa aprobada con amplio consenso por la Cámara baja, que establece el «Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes».
Moreau señaló que esta iniciativa «genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes», se informó en un comunicado.
Destacó que «una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables».
Sobre el proyecto de Ley Lucio
El proyecto sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.El Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.