En una sesión maratónica en la que los legisladores se vieron obligados a reunirse en un gimnasio luego de que manifestantes bloquearan la entrada al Congreso, la Cámara Baja aprobó la medida por 359 votos a favor y 135. El proyecto ahora se dirige al Senado, donde se prevé que sea aprobada por un margen muy estrecho.
Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusa de corrupción a los jueces del sistema actual y quiere que todo el poder judicial del país —unos 7.000 magistrados- sean elegidos mediante voto popular.
Los detractores dicen que los cambios constitucionales supondrían un duro golpe para la independencia del Poder Judicial, afirman que socavaría la seguridad jurídica y se preguntan cómo podrían llevarse a cabo unas elecciones tan masivas sin que cárteles de la droga y delincuentes presenten a sus propios candidatos.
Otros contrarios a la medida recuerdan el caso de Bolivia, donde por pedido del ex presidente Evo Morales los postulantes a jueces fueron sacados de listas propuestas por la Asamblea Nacional. Como resultado, aliados de Morales llenaron esas listas con fieles al gobierno y usaron los tribunales para hostigar a los oponentes políticos.
La atención se centra ahora en el Senado, donde a Morena le falta un escaño para alcanzar la mayoría de dos tercios, pero podría conseguir el apoyo de algún senador de la oposición. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) instó al Senado a rechazar la medida, afirmando que “afecta a la vida democrática, pone en riesgo los derechos humanos e incumple obligaciones internacionales de México”.
López Obrador dijo que los que se oponen “no tienen fundamento moral porque es de dominio público, la mayoría de los mexicanos sabe que impera la corrupción en el poder judicial”.
Quienes cuestionan el sistema judicial pero no son oficialistas admiten que el poder judicial requiere cambios, pero descartan que el camino sea dotarlo de personas sin calificaciones para integrarlo y que sólo respondan a los intereses de la política.
Desde hace tiempo, López Obrador ha arremetido contra las cortes que bloquearon algunos de sus proyectos de construcción y medidas de gobierno porque iban en contra de normas constitucionales y jurídicas. López Obrador se ha comprometido durante meses a aprobar una serie de medidas como la reforma judicial, al igual que una propuesta para eliminar casi todos los organismos independientes de supervisión y regulación.
Se prevé que la votación en el Senado sea muy reñida, aunque el partido del presidente parece estar a punto de ganar el único voto que le falta allí. De ser aprobada en la cámara alta, la propuesta constitucional se enviaría a los 32 congresos estatales de México, donde requeriría ser aprobada por la mayoría de ellos. El partido de López Obrador controla la mayoría de esos Estados.
Los críticos también afirman que la reforma devastará el sistema de contrapesos de México y garantizaría que el partido del presidente siguiera teniendo un poder político significativo mucho después de que López Obrador deje el cargo a fin de mes.
Contra ese desequilibrio, jueces, funcionarios judiciales y estudiantes en todo el país han lanzado una ola de protestas en las últimas semanas. La misma Suprema Corte de Justicia votó para unirse a las huelgas con 8 votos a favor y 3 en contra.
¿Cómo se llega a juez ahora? A través de la carrera judicial, que es un sistema de méritos y exámenes por concurso de oposición con el que los funcionarios van ascendiendo en responsabilidades poco a poco. Está pensado para garantizar la estabilidad, la formación y la experiencia de los jueces aunque muchos aseguran que debería mejorarse la transparencia de los concursos para evitar casos de discrecionalidad.
Para la Suprema Corte, es el Senado el que selecciona a sus integrantes entre los propuestos por el presidente.
Los cambios
Las exigencias para ser juez se reducen notablemente. Basta tener licenciatura en Derecho y cinco años de experiencia; para la Suprema Corte serán 10. No hacen falta exámenes; solo buenas calificaciones y cartas de recomendación (de cualquier procedencia).
La primera elección, que abarcará en torno a la mitad de los jueces, se haría en 2025. El resto debería coincidir con las elecciones ordinarias de 2027. Pero muchos detalles de cómo se organizará la votación son inciertos todavía.
Trabajadores del poder judicial protestan a las afueras de la Cámara de Diputados este miércoles, en la Ciudad de México (México). Foto EFESe abre la convocatoria, se presentan los aspirantes y, de entre ellos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial escoge cada uno a su lista de candidatos para cada puesto. Después, habrá un primer filtro de un comité y, finalmente, se celebrará un sorteo donde el azar determinará los que estarán en boletas electorales
Cada ciudadano deberá elegir previsiblemente entre aspirantes relativamente desconocidos e informarse sobre ellos será una labor titánica. Eso abriría la puerta a que cualquier poder fáctico (político, económico, criminal) influyera en su decisión, así como en las campañas electorales de los jueces. Muchos temen que suponga un mayor acoso para ellos.