Tomó trascendencia nacional la imputación al fiscal de Cámara Gustavo Schmitt, quien está acusado de la apropiación ilegal de terrenos en la localidad de
Santa Ana mediante mecanismos fraudulentos, causa en la que también están imputadas 18 personas.
Por otra parte, las fuentes señalan que se está analizando qué sanción le cabría en la previa del procesamiento al fiscal Schmitt, quien está imputado en una «presunta estafa» en una «causa donde investigan a personas por la compraventa de terrenos con poderes irregulares en la localidad de Santa Ana. Se está definiendo si se los suspende antes de la elevación a juicio lo que podría ser en poco tiempo, y sería un escándalo para la Justicia correntina.
La jueza de Instrucción María Josefina González Cabañas Morales analizó cuatro denuncias y con base en eso procesó a 18 personas.
Directivos del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Catastro eran personas claves para detectar aquellas propiedades que estaban en sucesión o no tenían toda la documentación en regla, pero también facilitar la inscripción a nombre de los nuevos titulares. A partir de esos datos, la banda armaba poderes falsos de administración e iniciaba los trámites ante la Justicia Civil o fraguaba ventas para luego presentar la documentación ante Catastro y el Registro, donde estaba la otra parte de la banda. Algunas ventas incluso se hacían a través de inmobiliarias.
Para los investigadores, es clave el rol que desempeñó Teresa Olinda Vázquez, quien se mantiene prófuga desde fines de 2021, cuando estalló el escándalo. La mujer tenía fluidos vínculos con el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz, según surge de escuchas telefónicas. Ambos se conocen de su pueblo natal, en Formosa.
Vázquez vivía en el pintoresco pueblito de Santa Ana, una localidad muy cerca de Corrientes Capital que en los últimos tiempos se convirtió en un boom inmobiliario.
A través de esa mujer, Schmitt Breitkreitz habría detectado una enorme propiedad cuyos titulares habían fallecido y sus herederos no habían iniciado los trámites sucesorios. El funcionario judicial inició en la Justicia Civil un trámite de prescripción adquisitiva, pero como tuvo un fallo desfavorable, acudió nuevamente a Vázquez. La mujer utilizó un poder falso y fraguó una venta a Domingo Sebastián Billordo y luego este transfirió unos 50 lotes al fiscal y a la abogada Virginia Aquino. Billordo se enteró de esa operación cuando fue citado a indagatoria.
El fiscal Gustavo Roubineau y la jueza González Cabañas Morales recibieron las primeras denuncias a fines de 2021 e iniciaron una paciente investigación para intentar establecer los alcances de la organización delictiva y de sus integrantes.
El dato se filtró y el jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, Pedro Antonio Verón, impulsó una denuncia penal que no habría tenido otra finalidad que eludir su responsabilidad en las maniobras y también cubrir a la por entonces directora de ese organismo, María Eugenia Demetrio.