La lucha contra el abuso sexual infantil en Río Gallegos muestra un balance complejo en 2025. Más de quince personas fueron implicadas en causas de tenencia y distribución de material, revelando una cruda realidad local.
Río Gallegos, capital de Santa Cruz, ha experimentado durante 2025 un capítulo complejo en materia judicial, con más de quince personas detenidas o seriamente comprometidas en causas vinculadas a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Las investigaciones han expuesto que estos delitos se registran en los barrios de la ciudad, muchas veces puertas adentro.
Este panorama no deriva de un único operativo, sino de una serie de allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos y pericias informáticas desarrolladas a lo largo del año. En estas acciones intervinieron juzgados locales, fiscalías especializadas y organismos internacionales dedicados a la protección de la infancia. La reiteración de procedimientos y la magnitud del material incautado han activado alertas en la Justicia y en ámbitos de prevención social.
Ofensiva judicial y colaboración internacional
La ofensiva judicial comenzó a intensificarse en abril, cuando la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz llevó a cabo un operativo que permitió la detención del administrador de un grupo de WhatsApp dedicado a la distribución de contenido aberrante y a la adición de menores de edad sin consentimiento. La investigación, apoyada en herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, posibilitó el secuestro de notebooks, teléfonos y consolas de videojuegos en el domicilio del sospechoso, autorizado por el juez Fernando Zanetta.
Un hito relevante ocurrió en agosto con el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”. La Policía de Santa Cruz ejecutó once allanamientos simultáneos en Río Gallegos. Esta investigación, iniciada en España, abarcó quince países y catorce provincias argentinas, exponiendo una red transnacional de intercambio de MASI. En Santa Cruz, el despliegue contó con la participación de las divisiones de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas, coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos, ordenados por los Juzgados de Instrucción N.° 2 y 3 y el Juzgado Penal Juvenil, se realizaron en domicilios de distintas zonas, desde Zapiola y Belgrano hasta los barrios Madres a la Lucha, Ayres Argentinos y San Benito. Varias personas, de entre 20 y 42 años, quedaron demoradas y se incautaron numerosos dispositivos tecnológicos. Cuatro menores de edad fueron puestos bajo resguardo judicial y, en uno de los domicilios, se hallaron estupefacientes, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.
Continuidad de la investigación y desafíos
La secuencia de procedimientos continuó en los meses finales del año. El 4 de noviembre, la División Cibercrimen allanó un domicilio en la calle Marcelino López al 500, a partir de reportes internacionales del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Días después, el 27 de noviembre, otro procedimiento se realizó en la calle Raúl Segovia, con un hombre de 42 años supeditado a la causa y el secuestro de equipos.
En diciembre, el día 16, se llevaron a cabo allanamientos en el barrio Procrear, también por reportes internacionales. Ese mismo día, se realizaron operativos en calle Zapiola al 200, en una causa que data de 2024 y donde se logró identificar a víctimas y lugares de producción de imágenes. En este último, el principal investigado fue aprehendido tras intentar destruir un teléfono y agredir a un efectivo policial.
En todos los casos, se activaron los protocolos con organismos de protección de la niñez para resguardar a los menores de edad. La complejidad de estas causas, según fuentes judiciales, se agrava por la sofisticación de las herramientas digitales que emplean los agresores. En Río Gallegos, la División Cibercrimen ha perfeccionado el uso de protocolos ICACCOPS para el monitoreo de redes P2P, detectando fragmentos de archivos con “firma hash” de MASI.
Romina Saúl, defensora general del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, declaró a LU12 AM680 que “este tipo de casos es más habitual de lo que se cree” y alertó que el peligro “hoy está dentro de las casas, entre cuatro paredes, con un celular”. Saúl explicó que los agresores se ocultan tras juegos en línea, redes sociales o perfiles falsos, construyendo vínculos con menores de edad.
Asimismo, recordó que el Código Penal argentino sanciona la tenencia de MASI con penas de hasta cuatro años de prisión y penas más graves para quienes producen o distribuyen. “Cada clic, cada descarga, alimenta una cadena de violencia. No es un delito sin víctimas: detrás de cada imagen hay un niño que está siendo dañado”, sentenció, instando a la denuncia.