«Hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo. Y el que mete el gancho final soy yo». La frase salió del presidente Javier Milei durante una entrevista televisiva y sirvió para confirmar el nivel de poder e influencia que tiene Santiago Caputo -el asesor sin cargo- en las decisiones del Gobierno Nacional. Se trata del integrante del llamado «triángulo de hierro», cuyo accionar parece, hasta el momento, estar amparado bajo un halo de impunidad.
Al menos así quedó demostrado, por ejemplo, cuando Caputo encaró con tono amenazante al diputado nacional Facundo Manes en uno de los pasillos del Congreso el pasado 1° de marzo; o este martes a la noche cuando al ingresar al debate de candidatos porteños en la sede del Canal de la Ciudad, se ofuscó con un fotógrafo de Tiempo que hacía su labor y, en un acto profundamente intimidante, le sacó una foto a su credencial.
Por el episodio que lo tuvo como protagonista junto a Manes, fue denunciado en la Justicia y una investigación preliminar dio algunos pasos a instancias del fiscal federal Ramiro González, que pidió una serie de medidas para obtener pruebas de lo ocurrido aquella noche tras el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias.
Pero con el correr de los días la jueza federal María Eugenia Capuchetti -misma jueza cuestionada por su labor en la causa por el ataque a Cristina Kirchner- cerró el caso al sostener que los hechos formaron parte de las discusiones que se pueden dar en el Congreso, que, «aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprometidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo».
Para Manes y sus abogados Mariano Bergés y Andrés Gil Domínguez eso está lejos de ser así. El poder que ostenta este asesor presidencial que con su influencia llegó, por ejemplo, a poner a un hombre de su riñón al frente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), es la razón principal. Y por eso buscan que la investigación continúe, algo que está en manos de la Sala II de la Cámara Federal porteña.
Allí, en los últimos días, los abogados del diputado sumaron dos hechos nuevos para apuntalar ese argumento: pidieron a la Cámara que tenga en cuenta las declaraciones recientes que hizo Milei en la TV donde reconoció el poder de Caputo y el acto de intimidación que perpetró Caputo el martes a la noche contra un fotógrafo de Tiempo.
Milei y el poder de Caputo
«Lo expresado por el Señor Presidente Javier Milei ratifica la posición de poder que ejerce actualmente el Señor Santiago Caputo en el gobierno, la cual le confiere a la amenaza verbal, física y simbólicamente proferida la capacidad suficiente para amedrentar tal como fuera oportunamente denunciado», señalaron en un escrito al que accedió este medio y que fue presentado en la Cámara Federal.
Según uno de los patrocinantes de la presentación, el objetivo de la denuncia de este hecho nuevo es decirle a la Cámara que la situación no debe subestimarse como lo hizo la jueza. «Santiago Caputo es un tipo que no es legislador y se metió en el Congreso. No es más que un asesor, pero parece que es algo más. Y los dichos de Milei revelan que es bastante más su influencia y su poder», dijo uno de los promotores de la denuncia a este medio.
En la presentación dejaron plasmada la interpretación de la frase que pronunció Milei. Señalaron al respecto que «el Señor Santiago Caputo es el integrante de su gabinete con mayor influencia en lo político, relegando en dicho plano al Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Doctor Guillermo Francos».
La intimidación al fotógrafo de Tiempo
En la misma línea, este miércoles también llevaron a la Justicia el episodio que tuvo lugar en la noche del martes en la sede del Canal de la Ciudad, donde el asesor intimidó al reportero gráfico de Tiempo.
En esa ampliación, los abogados de Manes señalaron que «al llegar (Caputo), y cuando era retratado por el reportero gráfico Antonio Becerra Pegoraro del diario Tiempo Argentino, alzó su mano para tapar la lente de la cámara, tomó el carnet del periodista para ver sus daos de acreditación y le sacó una foto con su teléfono inteligente».
Luego, señalaron que «la mencionada conducta del Señor Santiago Caputo no solo acredita un patrón recurrente en la utilización de la amenaza coactiva contra los representantes del Pueblo que asumen un rol crítico y opositor, y respecto de quienes representan el derecho de expresión e información en su dimensión colectiva a través del ejercicio de la profesión de periodista, sino que también configura un nuevo hecho delictivo que debe ser investigado y profundamente sancionado».
Lo ocurrido anoche y lo que pasó con Manes en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso forma parte, de acuerdo a la presentación, de “una metodología de la amenaza coactiva” respecto de “dos elementos centrales en un sistema democrático” como son los legisladores opositores y el periodismo crítico. Ambos “garantizan el control republicano, el pluralismo ideológico y la convivencia tolerante”, según reza la presentación a la que accedió Tiempo.
La presentación lleva la firma de Gil Domínguez y Bergés, pero también del diputado Manes.
«Toda acción intimidatoria o coactiva contra reporteros gráficos, periodistas o comunicadores puede tener un efecto inhibitorio indirecto (también llamado efecto amedrentador o chilling effect) incompatible con los principios del sistema interamericano de derechos humanos y con la cláusula democrática de la Constitución argentina», agregaron. A su vez, consideraron que lo ocurrido en la noche del martes con el fotógrafo de este medio «no solo afecta a este reportero, sino que envía un mensaje disuasorio a toda la prensa crítica: ‘Cuidado con lo que publicás, porque te estamos mirando y controlando’».
Tras la presentación de estos dos nuevos hechos, la Cámara Federal tiene en sus manos una definición: o convalida el cierre de la investigación propuesto por Capuchetti o pide que continúe la investigación. Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun son los camaristas que deben definir, y quienes días atrás encabezaron la audiencia en la que se escucharon los argumentos de los denunciantes y del fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, quien se plegó a la defensa del asesor presidencial.