El ex presidente de Brasil Luiz Inácio da Silva ofreció una conferencia de prensa en la que reafirmó su inocencia y sostuvo que «no hay pruebas» para condenarlo, tras la pena a nueve años y medio de prisión por sobornos y lavado de dinero dictada por el juez Sérgio Moro.
«Están destruyendo la democracia en nuestro país», aseveró el exmandatario rodeado por miembros de su partido.
Lula denunció una «cacería» judicial y afirmó que las investigaciones de corrupción que desde hace más de tres años golpean a la élite política y empresarial del país han convertido a Brasil en un «Estado casi de excepción, en el cual los derechos democráticos están siendo tirados la basura».
Ayer, su abogado defensor Cristiano Zanin Martins, había calificado la sentencia como «ilegítima y un ataque a la Constitución».
«El presidente Lula es inocente. Por más de tres años Lula ha sido objeto de una investigación motivada políticamente. (…) No hubo ninguna evidencia creíble de culpa, mientras que las pruebas aplastantes de su inocencia (de Lula) son ignoradas descaradamente», aseguró.
«Es una sentencia política, en otro contexto no podemos inscribirla porque hubo desprecio por las pruebas producidas por la defensa sobre la propiedad del inmueble, no hubo ningún testigo ni escuchas que demuestren la acusación de que tres contratos de Petrobras con (la empresa constructora) OAS generaron el pago de un soborno a través de un departamento», concluyó.
El juez Moro sostuvo que la empresa OAS pagó un soborno, en la forma de un departamento, a Lula a cambio de la concesión de contratos públicos.
La segunda instancia judicial ahora es clave. El caso pasa a la Cámara de Apelaciones, que es el tribunal regional número cuatro de Porto Alegre.
Esta corte puede confirmar la sentencia y ejecutar la detención de Lula, lo que significa que puede enviarlo a la cárcel o al menos inhabilitarlo para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.
Lula sólo quedará inhabilitado para presentarse como candidato presidencial en los próximos comicios si la sentencia de segunda instancia se emite antes de julio de 2018.