Como adelantó Tiempo, y tras el criptogate, los diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron este martes dos proyectos para revocar las facultades delegadas por el Congreso al presidente Javier Milei mediante la Ley 27.742 denominada Ley Bases. Y es que, para la principal oposición, el escándalo reveló que el presidente “no puede seguir teniendo super poderes en la Argentina. Además lo ayuda no tener presupuesto”.
Por un lado, ingresó un proyecto encabezado por la diputada Cecilia Moreau que propone revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo dispuestas en el artículo 1 de la Ley Bases. También las conferidas en los artículos 3 y 4, seguido de la revocación de autorizaciones dispuestas en los artículos 5 y 6 de la mencionada ley.
“Estos nuevos acontecimientos cambian el escenario institucional y hacen imposible que no haya un nuevo análisis de las delegaciones otorgadas”, argumentó Moreau, quien recordó: “Desde el primer día del tratamiento de la Ley Bases sostuvimos que no deberíamos otorgarle facultades delegadas, y no lo hicimos porque somos un grupo de negadores, ya sabíamos que venían a defender los intereses privados y no los intereses del pueblo. El presidente es representante de un pequeño grupo que especula con el Estado para llevar a cabo sus negocios”.
A la vez, su par de bloque, Victoria Tolosa Paz, presentó otro proyecto firmado por alrededor de 50 diputados de UxP que plantea: “Deróguese el título 1, artículo 1ero de la Ley 27.742 sancionada el 8 de julio de 2024, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, y delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, a fin de revocar las facultades delegadas al Ejecutivo por la presente ley en materias determinadas de administración y emergencia, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional”.
“Esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar un adecuado control democrático, preservar el equilibrio de poderes y asegurar que la legislación de emergencia continúe respondiendo a los principios de legalidad, razonabilidad y oportunidad que exige la Constitución Nacional”, afirmó Tolosa Paz.
Las facultades delegadas implican la decisión del Congreso de transferir al Poder Ejecutivo atributos y potestades propias. La Constitución Nacional prohíbe la delegación de facultades legislativas al presidente, pero hay algunas excepciones en casos de emergencia pública. Estas deben ser establecidas por ley y se debe fijar un lapso determinado para las potestades que se ceden.
La Ley Bases declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. La norma prevé que el Poder Ejecutivo nacional debe informar mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos. Hecho que no acontece.
A cambio de la aprobación de la ley, la Casa Rosada se comprometió a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos. Entre ellos, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Además, el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las iniciativas deberán tener giro a comisiones por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso a cargo de Martín Menem, para empezar a ser discutidas después del primero de marzo que comienza el período de sesiones ordinarias en el Parlamento.