La Liga de Gobernadores consideró como «un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia» la condena a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad.
Así lo transmitió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en un hilo de Twitter en el que señaló: «Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático».
En ese marco, el texto sostiene que «se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales».
«Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos», se indicó.
Luego, se expuso que «durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas».
En ese marco, se advirtió que «los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió CFK y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones».
Cristina Fernández denunció la existencia de una «mafia judicial».
En el texto posteado por el gobernador bonaerense se subrayó que «todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública».
«Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular», continuó el pronunciamiento.
Así, evaluó que «esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder».
«La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos», remarcó.
«El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir», cerró.