Ankara modificó la ley penal para permitir la libertad condicional de numerosos presidiarios, una medida relacionada a dejar espacio para encerrar a los más de 20.000 detenidos tras el intento de derrocamiento.
El Gobierno de Turquía abrió la vía para dar la libertad condicional a 38.000 presos, que dejarían espacio en las saturadas cárceles del país a los más de 20.000 detenidos en las purgas tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio pasado.
Un decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado al amparo del estado de emergencia, modifica dos provisiones en la ley penal para permitir la salida en libertad condicional de numerosos presos, explicó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag en Twitter.
Por una parte, si antes podía beneficiarse de la libertad condicional todo preso al que le quedara sólo un año de pena por cumplir, ahora se extiende esta medida a los dos últimos años de la sentencia.
Por otra parte, antes podían acogerse a la liberación anticipada quienes habían cumplido dos tercios de su condena, mientras que ahora se abre esta opción a quienes cumplieron la mitad, consignó la agencia EFE.
Estas dos medidas posibilitarán la salida en libertad condicional de unos 38.000 presos, especificó Bozdag, subrayando que no se trata de una «amnistía» sino de un cumplimiento de la condena fuera de la prisión.
De esta medida se excluyen todos los presos de una decena de delitos: homicidio premeditado, agresión con resultado de heridas graves a familiares o discapacitados, agresiones sexuales, atentado contra la privacidad, tráfico de drogas, atentado contra la seguridad del Estado, contra la Constitución, la defensa nacional o los secretos del Estado, y finalmente todos los juzgados bajo la ley antiterrorista.
Además, sólo puede beneficiar a personas condenadas por delitos cometidos antes del 1 de julio pasado, concretó Bozdag.
Si bien el funcionario no lo especificó, la medida parece responder a la necesidad de hacer lugar en las ya de por sí saturadas cárceles del país, para acomodar a las más de 23.000 personas detenidas a consecuencia del fallido golpe de Estado del 15 de julio pasado.
Aunque inicialmente se había arrestado a 35.000 personas, unas 11.000 volvieron a ser liberadas, y actualmente hay algo más de 17.000 en prisión preventiva mientras que otras 5.600 aún esperan la decisión de un juez.