El pago de la deuda le exigirá a los gobernadores este año unos USD 2.500 millones. Son dólares que las provincias deberán comprar al Banco Central antes de cada vencimiento, y que, por lo tanto, presionarán sobre el nivel de reservas.
La primera prueba tendrá lugar la semana que viene en Tierra del Fuego, una provincia que atraviesa dificultades financieras y que recientemente cambió a todo su gabinete económico. El gobernador, Gustavo Melella, cercano a Cristina Kirchner, afrontará pagos por casi USD 6 millones en un contexto de apretón en sus cuentas públicas. La deuda fueguina está garantizada por las regalías petroleras. El flamante ministro de Economía, Alejandro Barrozo, aseguró que esos ingresos, junto con un aporte de fondos presupuestarios provinciales, se destinarán al pago a los bonistas. El cobro de los intereses tendrá lugar el próximo 21 de enero.
Tierra del Fuego tuvo un deterioro marcado de sus cuentas públicas: pasó de tener superávit holgado a mediados de 2024 a tener un déficit financiero del 9% en relación con los ingresos provinciales. Sobre fin del año pasado, en medio de las dificultades para los pagos de aguinaldos, el gobernador pidió a las empresas del régimen industrial fueguino un adelanto de una tasa provincial y recaudó $2.300 millones. También firmó con la Nación un adelanto de coparticipación por $20.000 millones, que tendrá que devolver desde esta semana. Esa será la primera provincia en afrontar pagos en dólares, pero habrá otras en el primer trimestre del año, por un total de USD 750 millones, indican estimaciones de la consultora Politikón Chaco, que dirige Alejandro Pegoraro y que se especializa en finanzas provinciales. A lo largo de enero aparecen vencimientos por USD 107 millones, por los pagos que tendrán que hacer Chubut, Córdoba, Neuquén y la administración fueguina. En febrero serán USD 122,5 millones más, entre -nuevamente- Córdoba y Neuquén, más Entre Ríos y Chaco. También debería pagar La Rioja, pero es un caso especial: es la única provincia que declaró su default. En febrero de 2024, dos meses después del cambio de gobierno en la Casa Rosada, el gobernador Ricardo Quintela anunció que no pagaría un vencimiento de USD 26 millones, al aducir que el corte de las transferencias desde la Nación había ahogado sus cuentas, y adelantó a sus acreedores que buscaría reestructurar sus pasivos en dólares. Dos años después esa negociación todavía no llegó a buen puerto. Durante todo 2026 los gobernadores tendrán que pagar deuda en moneda extranjera por casi USD 2.500 millones. En el tope del ránking aparecen la provincia de Buenos Aires (USD 784 millones), la Caba (USD 376 millones, que refinanciará con el bono emitido a fines de 2025), Santa Fe (USD 240 millones), Córdoba (USD 225 millones), Neuquén (USD 179 millones) y Chubut (USD 119 millones).
Según explicó Pegoraro, las provincias acceden a divisas por dos vías: por adquisición directa al Banco Central, mediante algún acuerdo que se realice por «fuera» de las pantallas de mercado; y en la plaza cambiaria tradicional, donde negocia el resto de los «jugadores» del sistema. Por definición, en el primer caso implicaría una baja de las reservas, mientras que en el segundo, una demanda por grandes montos por parte de un comprador público podría representar una presión al precio del tipo de cambio. El mercado internacional de deuda se abrió en los últimos meses hacia los gobernadores. Primero Córdoba, en junio pasado, emitió USD 725 millones a una tasa del 9,75%. Santa Fe consiguió USD 800 millones al 8,1%, y la Ciudad de Buenos Aires, USD 600 millones al 7,8%. Entre Ríos y Chubut estaban en la línea de largada, pero sus salidas a Wall Street se demoraron. El Gobierno nacional también necesita un riesgo país más bajo para abrir la puerta a la colocación de bonos en la principal plaza financiera global.