Si no se hubiese tocado la fórmula de movilidad que define cuánto se debe pagar a cada jubilado (y pensionado), el haber previsional hoy sería un 32% más alto. Con esta proyección, la jubilación mínima sería de $403.302 en lugar de los $304.726 que abona actualmente la Anses. El contraste surge como dato central de un informe elaborado por el Centro de Economía Política de Argentina (Cepa) que recuerda que Javier Milei al hacerse cargo del gobierno modificó la composición de la movilidad jubilatoria. Desde entonces el bolsillo de los jubilados, siempre flaco, sufrió un nuevo zarpazo.
El dato cobra relevancia en medio de la discusión por el aumento de haberes que promueve el Congreso y las acusaciones cruzadas con el Gobierno. Expertos previsionales advierten que el decreto abre la puerta a más litigiosidad. El jefe de Gabinete ya confirmó que vetarán la iniciativa parlamentaria.
Bajo la premisa de que los jubilados no perderían más contra la inflación, en marzo de 2024 el presidente Javier Milei modificó por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec de dos meses atrás. En ese momento, también se otorgó una recomposición del 12,5% por única vez.
El Decreto de Necesidad y Urgencia que el Gobierno mostró como una garantía de no perder más poder adquisitivo, también puede interpretarse como la imposibilidad de recuperar al menos parcialmente lo licuado en la última década.
Pues bien, el estudio de referencia señala que desde septiembre del año pasado, los jubilados habrían tenido ingresos más altos si se hubiese aplicado la fórmula anterior, que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación. Al punto de que según esos cálculos, hechos con base en los datos del Indec y de la Anses, una jubilación mínima sin bono sería de $403.302, un 32% más que los $304.726 actuales. El cálculo corresponde a la mínima sólo como referencia, pero se podría replicar sobre una jubilación media o sobre la máxima.
El informe señala que la clave está en el momento en que se modificó la fórmula: justo cuando la inflación comenzaba a desacelerarse y el mecanismo anterior a mostrar resultados favorables. En términos fiscales, el cambio le garantizó al Gobierno que el gasto previsional no se dispare pero les quitó a los jubilados la posibilidad de recuperar parte de lo perdido.
En 2024, el Congreso ya había intentado recomponer parcialmente las jubilaciones, en ese momento el Gobierno también decidió vetar la norma en pos de cuidar el equilibrio presupuestario. Ya en aquel entonces, el ex titular de la Anses bajo la administración libertaria Osvaldo Giordano había calificado como un problema serio que la movilidad jubilatoria esté regulada por un DNU.
En esa línea, el actual titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea explicó que tanto la Constitución Nacional como una serie de fallos judiciales establecen que es el Congreso el que debe determinarla. Sobre este punto, anticipó que el DNU traerá más litigiosidad y esos juicios implicarán mayor gasto público.
En definitiva, el aumento del 7,2% que recientemente aprobó el Congreso y que tanto escandalizó a la Casa Rosada podría ser una salida barata para el gobierno de Milei, en comparación al gasto que hubiese implicado la continuidad de la fórmula que derogó por DNU o la litigiosidad que se puede venir para el Estado hacia adelante.