La realización de elecciones generales este año en Perú, exigida según encuestas por un 70% de la población, se evapora cada vez más en las manos del Congreso que, aunque no mató del todo esa posibilidad, la dejó gravemente herida por cuestiones de tiempo.El pleno del Congreso decidió ayer a la noche, por 69 votos a favor, 35 en contra y siete abstenciones, reconsiderar el previo rechazo a cuatro proyectos para las que las elecciones sean en 2023, incluido uno del Ejecutivo, pero se negó a discutir una ampliación de las sesiones, con lo que los tiempos hacen casi imposible unos comicios este año.
Para convocar a los comicios adelantados se necesita que el órgano legislativo lo apruebe en dos diferentes legislaturas con los votos de al menos 87 de los 130 legisladores: al terminar ayer la legislatura, el tema recién podría ser tratado en la que se inicia en marzo y, de aprobarse allí, ratificarse en la que arranca en agosto.
En ese hipotético escenario de que se apruebe en el segundo semestre, los tiempos correrán en contra de que los comicios puedan hacerse en 2023, por los plazos que requieren los entes electorales una vez aprobada la convocatoria.
«Lamentablemente, (los congresistas) acaban de frustrar la posibilidad de la aprobación en dos legislaturas con 87 votos. Será muy difícil que las elecciones se puedan hacer este año«, comentó el constitucionalista Omar Cairo.
La única otra vía, explicada por Cairo, es que en la legislatura que arranca en marzo apruebe la cuestión con 66 votos, con lo que la segunda votación podría ser reemplazada por un referendo en que se consulte al pueblo si quiere comicios este año.
Para ello, aclaró el constitucionalista, se requeriría que los parlamentarios se manejen de tal forma que ese referéndum se haga a más tardar en julio. Los analistas, que en su inmensa mayoría creen que los congresistas no quieren elecciones este año, estiman que dilatarán el asunto.
Las intenciones de los peruanos, según un sondeo
Según un sondeo de la firma Ipsos, un 70% de los peruanos quiere que las elecciones para renovar anticipadamente a los desprestigiados Ejecutivo y Legislativo sean este año, frente a un 22% que las prefiere en 2024 y un 7% que desea esperar a la fecha original en 2026.El adelanto de las elecciones a la brevedad es visto por expertos como la salida para superar el entrampamiento político, con una presidenta como Dina Boluarte, que marca récords de desaprobación popular en las encuestas con 76%, y un Congreso al que rechaza hasta el 89% de la ciudadanía.
La exigencia de prontas elecciones estuvo acompañada por movilizaciones populares continuas en casi todo el país, que desde el 11 de diciembre dejan 48 civiles muertos en acciones de las Fuerzas Armadas, un policía incinerado y otras 11 personas fallecidas por hechos colaterales.
En la agenda de las protestas, el tema del adelanto electoral fue reemplazado como primer punto por la exigencia de renuncia de Boluarte, pues no solo hay un fuerte rechazo a sus formas represivas, sino porque esa sería la única posibilidad clara de que los comicios se hagan este año.
En efecto, si renuncia Boluarte -la exvicepresidenta que reemplazó el 7 de diciembre al destituido Pedro Castillo y que por Constitución está habilitada para quedarse hasta el fin del período en 2026-, su puesto sería tomando por el presidente del Congreso, José Williams, quien sí estaría obligado a convocar comicios a más tardar en seis meses.
Lo que pide la gente, según Ipsos, es que en ese eventual escenario renuncie el derechista Williams, también con elevados índices de rechazo, para que desde el Congreso salga un nombre por consenso, que garantice un buen proceso electoral, como ocurrió en 2000 con Valentín Paniagua y en 2020 con Francisco Sagasti.
Boluarte, quien en principio pretendió quedarse hasta 2026, pero retrocedió ante la enérgica respuesta popular y es ahora partidaria de elecciones en 2023, ya anticipó que no renunciará, pues afirma que quienes están en su contra son extremistas marginales, aunque su aprobación sea de 17%.
Propuestas en pugna
Las propuestas de elecciones en 2023 fueron derrotadas por los congresistas con diversos argumentos, los que para politólogos como Alonso Cárdenas solo se pueden explicar en el deseo de los actuales legisladores de quedarse en los cargos el mayor tiempo que les sea posible.
El bloque de tres partidos de derecha dura se rompió y tiene ahora posiciones discrepantes, pues mientras el fujimorista Fuerza Popular sí se la jugó para pedir elecciones este año, sus aliados Avanza País y en especial el ultraconservador Renovación Popular, se oponen abiertamente a que haya comicios antes de 2026.
Las demás fuerzas fluctuaron entre quienes sí se dicen a favor de un adelanto, pero para 2024, con el argumento de que es necesario introducir reformas, mientras que el bloque de izquierda dice querer comicios este año, pero condicionados a un referéndum sobre una Asamblea Constituyente, posibilidad enfáticamente rechazada por la derecha y el centro.
Boluarte conversó esta semana con líderes de los partidos para destrabar el proceso, pero la reconsideración se aprobó a último minuto y Williams se negó a tramitar un pedido para que la legislatura se amplíe una semana más, con lo que se perdió la posibilidad de tener ya una primera aprobación.
Inicialmente, los congresistas habían aprobado hacer los comicios en abril de 2024, aunque aceptaron debatir la posibilidad de este año cuando la opinión pública presionó por considerar esa fecha demasiado distante.
Ahora, tras el rechazo a diversos proyectos presentados, el Congreso le encomendó a la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, elaborar la propuesta que buscará el «milagro» de que los comicios se hagan este año.
Marchas y protestas
Las marchas casi diarias en Lima y diversas ciudades perdieron algo de intensidad en los últimos días, en medio de denuncias de organismos nacionales e internacionales sobre un uso de fuerza extrema de parte del gobierno.
«En Perú la represión contra las protestas ha sido letal y racista. La Policía y el Ejército han empleado armas en forma ilegítima y la mayoría de víctimas han sido personas de origen indígena», reclamó Amnistía Internacional.
La mayor parte de muertes, con amplia diferencia, ocurrió en los Andes sureños, donde quechuas y aymaras están en primera línea contra un gobierno que argumenta que las movilizaciones con promovidas por «terroristas» y sectores ilegales, aunque sin presentar pruebas.