La viuda de una de las víctimas de la «Masacre de Wilde», un emblemático caso de «gatillo fácil» cometido en 1994, cuando cuatro inocentes fueron asesinados por policías que los confundieron con delincuentes, recordó hoy al declarar en el juicio que se realiza a más de 28 años del hecho que cuando se enteró del crimen la policía le dijo que se había tratado de un «lamentable error» y que su marido «estaba en el lugar equivocado».»Lamentable error, esa fue la frase que el comisario que trasladaba a los detenidos para la reconstrucción del hecho me dijo», recordó esta Raquel Gazzanego, viuda del asesinado Edgardo Cicutín, al inaugurar la ronda de testigos del juicio que se lleva a cabo en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde son sometidos a juicio siete expolicías.
Gazzanego recordó que el mismo jefe policial le dijo: «Su esposo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada».
«Les pido que sean justos, una justa justicia, por mis hijos y mis nietos. Para poder cambiar la sociedad»Raquel Gazzanego
La segunda audiencia de debate se inició minutos después de las 10, cuando los integrantes el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora rechazaron los planteos de nulidad, de inconstitucionalidad y de prescripción de la causa realizados ayer cuando, tras más de 28 años de la masacre, comenzó el debate oral.
«Les pido que sean justos, una justa justicia, por mis hijos y mis nietos. Para poder cambiar la sociedad», fue lo primero que expresó la viuda de Cicutín al sentarse frete al tribunal.
La vida de Gazzanego tras el asesinato de su esposo
«Yo era una esposa-mamá que se ocupaba de su casa y de sus hijos, traía y llevaba a mi hija a patín, a mí me cambió radicalmente la vida porque él (su esposo) era el sostén de la familia y aparte trabajaba en negro, al día de hoy no tengo una pensión por Edgardo», relató.
La mujer contó que en ese momento su hija mayor tenía 8 años y su hijo menor 8 meses y describió los momentos importantes de sus vidas que vivieron sin su papá.
«Gonzalo (el hijo) descree de las instituciones, porque una institución que tiene que cuidar mató al papá, fueron años muy duros pero ya mejoró, tuvo psicopedagogas, hizo mucha terapia, era rebelde, nos cambió radicalmente la vida», aseguró.
Sobre su esposo, Raquel dijo que «era un tipo bueno, bastante razonable», que «vendía libros, antes ollas, antes telas y antes era carpintero» y que «nunca» lo vio armado: «No teníamos armas», aseguró.
La mujer agregó que su esposo «nunca tuvo causas ni antecedentes, tampoco motivos para enfrentarse con la policía».
El debate continuaba este mediodía con la declaración testimonial de Patricia de Ángeles, viuda del también asesinado Roberto Corbo.
El juicio está a cargo de los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, quienes juzgan a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el exoficial Osvaldo Lorenzón; los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga; todos en libertad.
En la causa se encuentra también imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue una pericia médica que indique si está en condiciones o no de afrontar el proceso.
El hecho
La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
Todos los ex efectivos afrontan cargos por los delitos de «cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa», por la única víctima del ataque que sobrevivió.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que «aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos».