Con una batalla electoral en ciernes, la provincia de Buenos Aires donde gobierna el ¿kirchnerista? Axel Kicillof se ha transformado en un banco de prueba para medidas dispuestas por la administración del libertario Javier Milei en el marco de una guerra más profunda y que tiene -según dicen – carácter cultural. Suena algo pretencioso, pero en verdad están en juego algunos valores que podrían contribuir a una transformación hacia un estado más sano en todo sentido. Sucede que más allá de lo político, que tiene su propia dinámica con resultados que permiten distintas lecturas, hay una puja sobre la cuestión impositiva, que en definitiva es un factor determinante para lo económico y consecuentemente para el destino de la gestión. El objetivo de la Casa Rosada de reestructurar la grilla de impuestos en el país, algo que si se concreta afectará a todos los argentinos sin importar la latitud en la que viven, tiene un disparador visible: los excesos que cometen los gobiernos locales en su afán por recaudar. La discusión por la proliferación de las tasas municipales, es parte central de esa discusión, que apenas está comenzando. A diferencia de lo que sucede en otras provincias, por caso Corrientes, donde el asunto parece -por ahora- lejano a la agenda pública, en la provincia de Buenos Aires hay una notoria efervescencia por el albur de tratar de poner freno a la inusitada presión fiscal que ejercen las intendencias sobre sus vecinos.
La historia tiene un costado que involucra a las empresas del sector privado, firmas que prestan servicios públicos o que proveen bienes y otro tipo de servicios.
Por ejemplo, en medio de las críticas a los municipios gobernados por el kirchnerismo por el aumento de tasas, distintas cadenas de supermercados empezaron a informar a sus clientes sobre el porcentaje que se les aplica y que encarece los montos de los tickets. La orden de trasparentar la «composición» del precio final expresado en el ticket es una orden que dio el Gobierno nacional.
Las cadenas supermercadistas (Coto, Carrefour y Changomás) incluirán en sus sucursales una leyenda en alusión al cobro del 0,8% de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) por parte del municipio de Tres de Febrero. A su vez en Lanús, y a contramano de la política que persigue el Gobierno central de bajar impuestos, aumentaron las tasas del 3,3% al 6%. En ese partido, uno de los más populosos de la región Sur del Conurbano, las firmas mencionadas informaron que se veían forzados a aumentar los precios por la suba de tasas. Pusieron carteles en las vidrieras y en las líneas de cajas, también el aviso en los tickets. En diciembre pasado fueron a la Justicia.
Ahora, tras la entrada en vigencia el 1 de enero de la ley que obliga a grandes comercios a detallar la carga impositiva a nivel nacional, cadenas y mayoristas presionan para que los tickets muestren también los impuestos provinciales que paga el consumidor. Comercios más chicos pueden sumarse de forma voluntaria, pero desde el 1 de abril será obligatorio.
En una primera etapa, el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que ideó la ONG Lógica y se convirtió en ley, obliga a discriminar el IVA y gravámenes indirectos (impuestos internos), estos últimos con alícuotas de entre 5% y 35% en determinados bienes. Se espera que el detalle impositivo sea mayor con el tiempo, de modo tal que aparezca el precio de lista (precio neto) y el desglose de todos los impuestos (precio bruto), como Impuesto sobre los créditos y débitos y a la importación, que por ahora quedaron afuera, como Ingresos Brutos y tasas municipales. La inclusión de estos últimos dependerá de la adhesión de las provincias.
Una cámara empresarial instó a las provincias y municipios a sumarse a «este principio de claridad para detectar desbalances y evitar abusos».