“Son ahora sus aliados, y no su partido, los que marcan la agenda”, opina la revista británica, que es un referente en la opinión pública internacional.
“Para restablecer la confianza en la democracia española, debería asumir sus responsabilidades y renunciar”, señala The Economist.
La publicación fundamenta su postura en la serie de escándalos de corrupción e investigaciones judiciales que acorralan al presidente del gobierno, que trata de resistir, de pie, la balacera de acusaciones.
Hace cuatro días, el último lunes de julio, Sánchez hizo un balance de los primeros seis meses de este 2025 y aprovechó la ocasión para insistir con que no habrá un adelanto electoral: “Las elecciones generales serán en el 2027 y queda, por lo tanto, mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante”, afirmó.
Sin embargo, día tras día, los noticieros españoles revelan novedades de las investigaciones que involucran al entorno del presidente. Y no son favorables.
En diciembre del año pasado, Pedro Sánchez citaba a The Economist, con gusto. “La prensa extranjera habla abiertamente del éxito del modelo económico español y destaca que somos uno de los países favoritos de los inversores, que nos situamos como la mejor economía de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, decía el jefe del gobierno refiriéndose al índice que la revista había publicado dos semanas antes.
A fines del año pasado, la economía española ranqueaba como la más pujante del año 2024 entre las naciones desarrolladas, destacaba The Economist.
Pero hoy, según la revista británica, “las encuestas muestran que los españoles están más desilusionados con sus políticos que cualquier otro europeo, además de los búlgaros, los griegos y los eslovenos”.
Para The Economist, las disculpas del presidente Sánchez “por las transgresiones de sus asesores” no alcanzan para restaurar la serenidad en el tejido político y social de España.
La red de corrupción y consumo de prostitución por parte de ex funcionarios del Partido Socialista parece no haberse descubierto del todo aún.
Koldo García, el ex chofer del ex ministro de Transportes, José Luis Abalos, que da nombre a la investigación de las “mordidas”, pidió esta semana a la Justicia que secuestrara el material digital y de audio que la Guardia Civil se llevó de su casa como prueba de las coimas que habría cobrado para él y para su jefe, a cambio de otorgar a empresas privadas la construcción de obras públicas.
Los audios destilan, además, comentarios denigrantes hacia las mujeres, algunas de las cuales eran “reclutadas» para fiestas privadas de Koldo y de Abalos.
Otra pieza clave de la trama corrupta sería el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que ya cumplió un mes en prisión preventiva.
A Cerdán se lo vincula, además, con Leire Díez, una ex funcionaria socialista que acaba de ser imputada por intentar rastrear información comprometedora del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el principal responsable de la investigación de la corrupción dentro del PSOE. Díez tendrá que presentarse a declarar en noviembre.
La otra mala noticia para Pedro Sánchez es que el juez del Tribunal Supremo que instruye el llamado “caso Koldo” decidió prorrogar su investigación durante seis meses “ante el muy significativo volumen de material intervenido”.