Es que en Argentina, las obras sociales sindicales sostiene al sistema de salud privado que «es uno de los mejores del mundo pero está muy mal administrado», describió la misma fuente y explicó que son lo que aportan al Sistema Nacional de Salud a través de la Superintendencia del área que esta a su vez, le transfiere a los prestadores.
Con la desregulación y la suspensión de los pagos de parte de la superintendencia que ordenó Caputo para bajar el déficit, las prestadoras enfrentan un panorama oscuro. Y ¿qué son las prestadoras? las clínicas, sanatorios y servicios de emergencias, el sector privado que Milei supuestamente reivindica como motor de crecimiento capitalista.
El gobierno le cortó los pagos a las obras sociales y a su vez, la superintendencia de salud a las empresas poniendo en riesgo la cadena de pago en el sector que para colmo, tiene mucho de los costos en dólares.
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Además, con la reglamentación del DNU 70/23, le obligó a la medicina prepaga a aportar el 20% de la cuota de los afiliados al Fondo Solidario de Redistribución, un reclamo que le hicieron los gremios para dejar a las prepaga en las mismas condiciones que las obras sociales sindicales.
Esto generó malestar en los dueños de las prepagas que habían festejado con bombos y platillos la desregulación libertaria y ahora observan con preocupación que el colapso del sistema los arrastra.
«Si cierran los sanatorios, las empresas de ambulancias, las clínicas, ¿Qué hacen las prepagas? ¿Qué servicio van a ofrecerle a sus afiliados?», se preguntaron con razonabilidad entre los prestadores.
Por otro lado, el ajuste al sistema público para lograr el déficit cero le suma presión al sistema de salud que funciona de manera complementaria: «todos pensamos que las reformas iban a estar orientadas a mejorar las cosas, no a empeorarlas», concluyeron los empresarios de la salud que hablaron con este medio.