El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las autoridades peruanas a que realicen «investigaciones rápidas, efectivas e imparciales” sobre las muertes registradas en las protestas que sacuden al país hace varias semanas exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.En un mensaje emitido durante la noche del pasado miércoles por su portavoz Stéphane Dujarric, el secretario general Guterres pidió además “que se evite la estigmatización de las víctimas” y reiteró su “gran preocupación” por la situación en el país y por el número de muertes producidas en medio de la represión de las manifestaciones.
Guterres exhortó además a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia, reiteró su llamamiento al Gobierno de Perú para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y subrayó la importancia de que las protestas se desarrollen de forma pacífica, respetando el derecho a la vida y la propiedad, informó la agencia de noticias Europa Press.
«Incluso en tiempos de emergencia pública, las medidas que suspenden el derecho de reunión pacífica deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones del derecho internacional», dijo el comunicado de Guterres.
El secretario general consideró «fundamental» generar las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo entre el Gobierno peruano y los manifestantes que permita abordar la crisis actual que enfrenta el país.
La crisis social y política en Perú
El país andino se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento unicameral y la instauración de un Gobierno de excepción.Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas salieron a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Boluarte -que sucedió a Castillo en su carácter de vicepresidenta-, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales.
Desde entonces, según cifras de la Defensoría del Pueblo peruana, 46 personas murieron por la represión desatada contra las protestas -entre ellas un policía- mientras otras 10 fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos.
Con posterioridad a este informe publicado el pasado miércoles, otras dos muertes fueron denunciadas durante la noche del pasado miércoles -en ambos casos menores de edad- durante los bloqueos de rutas relacionados con las protestas.
El pasado miércoles, varios países expresaron su preocupación en Ginebra, durante una reunión celebrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la represión de las protestas en Perú y pidieron evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y fuerzas militares durante manifestaciones pacíficas.
La representante de Dinamarca, Astrid Ruge, expresó su preocupación «por el número de personas muertas y heridas como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas» e instó a Perú a «limitar el uso excesivo de la fuerza».
El embajador británico, Simon Manley, llamó a que haya una «respuesta proporcionada y legal a las protestas».
El representante argentino, Federico Villegas, urgió a Perú a que garantice el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente.
En el mismo debate, el ministro de Justicia de Perú, José Andrés Tello dijo que las autoridades peruanas están «convencidas de que estamos actuando de una forma apropiada para defender la democracia y los derechos humanos».
El ministro condenó la violencia de los manifestantes e insistió en que las acciones tomadas para restaurar el orden público fueron emprendidas en pleno cumplimiento con las obligaciones constitucionales e internacionales.