Desde hace 16 años los argentinos aportan con el pago de sus impuestos a una sociedad de actores y compositores que es administrada por figuras identificadas con el ultrakirchnerismo, como Pablo Echarri, Jorge Marrale, Martín Seefeld, María Fiorentino, Mora Recalde, Alejandra Flechner, Jorge D’Elía, Tomás Fonzi y Andrea Pietra, entre muchos otros.
Lo hacen, la mayoría sin saberlo, cada vez que van al cine, viajan en transporte público o en avión, pagan la tarifa de un hotel y hasta cuando miran imágenes en un televisor en la vidriera de un casa de electrodomésticos, o simplemente se toman un café en un bar y siguen las noticias en un televisor.
Esa plata aportada por el bolsillo de los argentinos es recaudada casi en línea por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (Sagai), cuyo presidente es el actor Jorge Marrale, y su tesorero, Pablo Echarri.
Se había creado en 2006, ya con el kirchnerismo en el poder, y dos años después Cristina Kirchner, a través a la resolución 181/2008, la convirtió en una caja multimillonaria.
Entre las numerosas resoluciones que el presidente Javier Milei busca adecuar se encuentra justamente la 181, presentada ampulosamente en su momento como de «Propiedad intelectual».
A través de esa resolución se establecieron «derechos retributivos que deberán abonar los usuarios por explotación, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma, de las interpretaciones actorales o de danza fijadas en grabaciones audiovisuales y otros soportes».
Es una caja casi infinita, aseguraron fuentes cercanas al Gobierno.
En 2006, mediante el decreto 1914, Cristina Kirchner otorgó a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil la «representación dentro del territorio nacional de los artistas intérpretes argentinos y extranjeros referidos a las categorías de actores y bailarines en todas sus variantes, y a sus derechohabientes, para percibir, y administrar las retribuciones previstas en el artículo 56 de la ley Nº 11.723 (propiedad intelectual) por la explotación, utilización, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones fijadas en grabaciones audiovisuales u otros soportes».
A su vez, resolvió que la Sagai quedaba autorizada como «entidad única para convenir con terceros usuarios o utilizadores de tales interpretaciones, por su explotación en el territorio nacional, la forma de recaudación y el importe de las retribuciones referidas, así como su adjudicación y distribución entre los actores y bailarines que las hayan generado, con observancia estricta de los principios de objetividad, equidad y proporcionalidad».
EL NUEVO PROYECTO
El proyecto mileísta pone en cabeza de la Dirección Nacional del Derecho de Autor determinar las asociaciones que a los efectos de esa gestión colectiva puedan representar a los titulares de derechos de este tipo, lo que se publicará en cada caso que autorice en el Boletín Oficial y ante el rechazo solo en su página web.
Asimismo, agrega que los titulares de estos derechos pueden optar libremente entre afiliarse a una sociedad de gestión colectiva o no, entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual o a través de esa sociedad, y si optaren por ejercerlo en forma particular las sociedades no podrán intervenir en el cobro de regalías, salvo que los particulares le otorguen un mandato para ello, en cuyo caso los particulares no podrán efectuar el cobro por si mismos, salvo que tal mandato se revoque.
Además, la normativa establece en qué casos la Dirección otorgará autorizaciones del art. 95, bajo qué requisitos y cuándo puede ser revocada. También se regula el contenido de los estatutos de estas nuevas sociedades, la obligación de presentar saldos y memorias, la prohibición de mantener fondos irrepartibles por más de un año, y a dónde irá esa recaudación pasado ese plazo.
En ese orden, agrega la posibilidad de que la Dirección Nacional del Derecho de Autor pueda imponer sanciones a las sociedades de gestión colectiva que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o que incurran en hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que corresponden. Los actores kirchneristas salieron a cruzar con dureza esta iniciativa, que podría obtener dictamen de comisión el martes y que se buscaría votar el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados.
La sociedad de actores recibe aportes millonarios
La Sagai recibe anualmente sumas millonarias gracias a esa resolución que estableció los siguientes aportes: 1.- Emisoras de televisión: las emisoras de televisión pagarán el 2% de los ingresos de explotación que mensualmente obtengan. A efectos de aplicación del presente arancel se entenderá por ingresos de explotación la totalidad de los obtenidos por el operador de televisión, incluidos los procedentes de ingresos por publicidad en todas sus formas, o cualesquiera otros rendimientos procedentes de la explotación de su negocio televisivo, con exclusión de los financieros y los obtenidos por la venta de programas. En los ingresos publicitarios computará toda la publicidad realizada por cuenta de los anunciantes en todas sus formas, tales como publicidad no tradicional, canje, patrocinio y sponsorización (incluidos en este concepto las cantidades destinadas por los patrocinadores a la producción de emisiones del usuario).
En el caso de publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, los ingresos correspondientes a estos espacios se calcularán aplicando a los mismos el precio generalmente aplicado por la empresa usuaria a los anunciantes o agencias por la emisión de espacios de características análogas. En todo caso, se considerarán incluidos los ingresos procedentes de
las cantidades que obtenga el operador de televisión, cualquiera que sea su origen, naturaleza o denominación, para cubrir los gastos o déficit de explotación. Si dichas cantidades cubrieran el déficit de ejercicios anteriores, se incluirán en su totalidad en la anualidad en que se produzca el ingreso. Los gastos que, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados, correspondan al operador de televisión y sean asumidos por terceros.
2.- Emisoras de televisión por cable o satélite: las empresas que realicen la comunicación al público de grabaciones audiovisuales mediante actos de transmisión y retransmisión por cable o satélite, pagarán el 2% de los ingresos de explotación que obtenga mensualmente la entidad usuaria. A los efectos del presente se entenderá por ingresos de explotación la totalidad de los obtenidos dentro de alguna de categorías.s
Referentes de la cultura en contra de la ley ómnibus
Un grupo de referentes de la cultura argentina, entre los que se destacan Charly García, Fito Páez, Cecilia Roth y Graciela Borges, firmaron una carta abierta contra los cambios que se proponen en la ley ómnibus. «La cultura está en peligro», advierten los artistas en un documento que posee más de 20 mil firmas. En el texto demuestran su descontento y piden que no se realicen las modificaciones planteadas por el Gobierno, que buscan el «desfinanciamiento» del Incaa, del Inamu y de las bibliotecas populares. Por otro lado, exigen que no se cierre el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro y del Inamu, y que no se derogue la ley de la actividad librera. «Queremos seguir teniendo una identidad propia como nación. De otro modo sólo nos quedará el destino triste de no ser. De eso se trata esta lucha. Un país es tan grande o tan pequeño como la medida de su proyecto cultural», expresa la nota.
Como era de esperar, los artistas de la Sagai salieron con los tapones de punta contra la ley ómnibus de Milei. El presidente de esa sociedad, Jorge Marrale, denunció en la Comisión de Presupuesto de Diputados: «Si se aprueba el artículo 350 de la ley ómnibus se verán afectados nuestros cobros por derechos de propiedad intelectual».
En ese orden, explicó a los diputados: «Este proyecto debilita los derechos de los actores en el extranjero, también desaparecería la redistribución de recursos y nuestro colectivo sufre la desfinanciación».
«Este artículo de la ley ómnibus propone la desarticulación de las entidades de gran prestigio internacional, y es un fin del Estado proporcionar financiamiento a la cultura», aseveró.
Por otra parte, también rechazó el proyecto el actor y tesorero de la Sagai, Pablo Echarri: «La música, las bibliotecas populares, el Fondo nacional de las Artes están bajo un ataque total y absoluto».
«Nos están atacando y nos quieren quitar la independencia y la fortaleza que tienen las entidades de gestión, para poder gestionar con fuerza con los usuarios para que paguen los derechos de propiedad intelectual y de autor, y que se paguen a un precio lógico y justo, y quieren incluir a cantidad de gestores para diluirnos el poder».
En la misma línea, aseguró: «Vamos a pelear. Es imposible que esa ley avance, porque la Argentina es un país desarrollado en la cultura».s