El escándalo sobre el presunto sistema de «retornos» que regía en las operaciones comerciales de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se ha transformado en un nuevo dolor de cabeza para la administración de Javier Milei, que acumula varios episodios de esta naturaleza en su todavía corto mandato. En menos de dos años de gestión, el presidente libertario inscribió un par de casos resonantes con su correlato en la esfera judicial que investiga la posible comisión de actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. A las coimas en Discapacidad hay que sumar los alimentos vencidos del Ministerio de Capital Humano, la contratación del Ministerio de Salud; el caso $Libra, y otros que se consiguieron frenar a tiempo. No parece ser obra de una confabulación político-judicial para entorpecer la marcha del gobierno sino la consecuencia de un permanente desvío en el manejo de la cosa pública.
Además de la turbulencia política que genera este nuevo capítulo, con un posible coletazo en lo electoral, lo más grave quizás quede reservado para otro tiempo. Tiene que ver, justamente, con lo judicial. Seguramente, Milei no tendrá que enfrentarlo ahora sino cuando quede desprovisto del poder. Sucede que, con el juzgamiento y condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia estableció un singular precedente que podría ser usado para poner en el banquillo y eventualmente dictar sentencia a otros mandatarios o funcionarios públicos de alto rango.
La denominada Causa Vialidad, por la cual CFK fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público se basó en un novedoso concepto: la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo por hechos de corrupción que se cometen en una esfera muy inferior de la Administración Pública sin importar su conocimiento o eventual participación.
El punto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando le tocó dictaminar sobre el Caso Vialidad luego de que atravesara todas las instancias procesales, consagró lo que algunos califican como «la autoría por omisión impropia».
Los abogados del kirchnerismo (incluso los que no son simpatizantes de ese espacio) lo explican de la siguiente manera: Cristina Kirchner no fue condenada en la Causa Vialidad por actos propios sino por no impedir fraudes ajenos. Se le achaca su (i)responsbilidad en el rol de garante institucional.
Los que adhieren a esta interpretación del novedoso fallo de la Corte (y del TOP que la condenó) afirman que no se probó dolo directo de CFK sino que se criminalizó la actividad presidencial.
Se trata de una mirada polémica, pero ciertamente atendible porque la Corte Suprema estableció un precedente penal que puede servir para otros casos. De hecho se podría aplicar perfectamente para distintas medidas que se tomaron durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).
Al libertario Javier Milei también le cabría la «Doctrina Vialidad». El actual episodio sobre las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad podría terminar impactando de lleno en el Presidente sin importar que él tuviera participación directa. Por el momento, de acuerdo a los datos que se conocieron sobre la investigación, la involucrada es su hermana, Karina Milei, que se desempeña como secretaria general de la Presidencia, pero el lazo de sangre ni la cercanía en la función pública no tiene importancia, lo verdaderamente importante es que él está obligado a desactivar los fraudes ajenos que se cometen en la Administración Pública.
Parece una exageración, pero no lo es, ahora tiene rango de jurisprudencia. Se lo otorgó la Corte Suprema y la propia Cristina Kirchner le advirtió a Milei sobre su existencia a través de las redes sociales.s
La teoría que usó la Corte Suprema para confirmar la condena a Cristina Kirchner sentó una jurisprudencia que podría ser usada contra Milei o cualquier otro presidente.