«Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide», rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.
La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo y aseguran que no tiene competencia electoral.
La oposición exige que el Consejo Nacional electoral presente las actas de los comicios, algo que todavía no ha hecho.
La Sala Electoral del Tribunal abrió un proceso a pedido de Maduro para realizar el peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un supuesto “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación. En ese sentido, la magistrada señaló que “se evidenció un ataque cibernético”.
Rodríguez previamente afirmó que la sentencia que se emitiese tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable y de “obligatorio acatamiento”.
Maduro fue declarado vencedor por el CNE, donde el oficialismo es mayoría desde hace más de dos décadas, aunque el organismo no ha publicado hasta el momento las actas con los resultados a pesar de las crecientes exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que sean divulgadas detalladamente.
La llamada Plataforma Unitaria —que representa a los principales partidos opositores— ha dado a conocer las actas que, aseguran, muestran que su abanderado Edmundo González obtuvo significativamente más votos que el gobernante.
Varios líderes de la región, incluidos aliados de Maduro como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, han instado a que se publique el detalle de los resultados electorales como una de las posibles vías para ayudar a solucionar la crisis postelectoral en la nación sudamericana.
Según el CNE, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos y González recibió 5,3 millones. Mientras que la oposición afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González salió victorioso.
Advertencia opositora
El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, había advertido que la decisión judicial sobre la validación del resultado de las presidenciales «solo agravará la crisis» que vive el país tras la cuestionada victoria que otorgó el ente comicial al presidente, Nicolás Maduro.
«Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis», expresó González Urrutia a través de X, quien manifestó que el alto tribunal -que preside la chavista Caryslia Rodríguez- favorecerá al Gobierno, contrario a lo que dice Maduro, que asegura que la institución es «sólida».
Asimismo, el opositor dijo que los venezolanos no están dispuestos «a renunciar» a la «libertad» ni al «derecho a cambiar en paz para vivir mejor» tras las presidenciales, en las que la mayor coalición opositora considera que González Urrutia obtuvo la victoria, según el «83,5 % de las actas» que dice haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno califica de «falsos».
Este miércoles, González Urrutia y su principal valedora, María Corina Machado, advirtieron, a través de un comunicado, que la sentencia del TSJ es «ineficaz y nula», pues afirman que la institución judicial «no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen».
Tras 25 días de las presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado de forma desagregada los resultados de los comicios, como exige la normativa, ni tampoco las actas de escrutinio, como han pedido varios Gobiernos extranjeros y organismos internacionales, así como grupos de veeduría que participaron en las elecciones, para esclarecer el resultado.