La Corte Suprema prepara junto a las asociaciones de magistrados y funcionarios de la Justicia una respuesta jurídica a la iniciativa del Poder Legislativo para que los jueces comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias, adelantaron a Télam fuentes del máximo tribunal.El fundamento central del rechazo serán la inconstitucionalidad de aplicar impuestos retroactivos, en un marco de iniciativas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que los jueces consideran como avances y avasallamientos a sus atribuciones.
Para ajustar esta postura, la Corte aceptó la semana pasada un pedido de reunión para hoy de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para analizar lo que sus directivos consideran una afectación ilegal a la intangibilidad de los salarios.
Al encuentro, pautado para las 15, concurrió el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, con parte de la comisión directiva, y por la Corte estuvieron su titular, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Juan Carlos Maqueda.
El ministro Ricardo Lorenzetti, según fuentes judiciales, no estuvo en la reunión de la semana pasada y tampoco en el encuentro de hoy, aunque tuvo la posibilidad de participar si así lo decidía.
En este sentido, las vocalías de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, trabajan buscando jurisprudencia sobre el cobro de impuestos retroactivos y el listado de lo que la Corte considera un «avance» sobre sus atribuciones.
Al tope de las presuntas evidencias del conflicto de poderes, la Corte y los magistrados agitarán la propuesta de reforma judicial que encargó el presidente Alberto Fernández a una comisión de juristas y expertos y la media sanción en Diputados a ampliación de la Corte.
A la coordinación del máximo tribunal con los jueces, se suma como acción de resistencia a la medida el paro convocado para mañana por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato.
A fines de la semana pasada el gremio fijó postura y calificó la iniciativa como un «impuesto confiscatorio del salario» y anunció el paro para mañana.
«El banquero Heller (Carlos, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados), impulsor de esta ridícula medida, quien supo tener una AFJP para esquilmar a nuestros queridos/as jubilados/as ahora, pretende que el pueblo trabajador soporte los despilfarros económicos que generaron sus amigos especuladores financieros», atacó la UEJN.
La reacción del Ministerio de JUsticia
Con la postura opuesta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que la exención del pago del impuesto a las Ganancias que hoy beneficia a jueces designados antes de 2017 «es un privilegio que estamos en situación de corregir».»Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un presidente o una vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido; es un privilegio que estamos en situación de corregir», dijo Soria esta mañana en declaraciones radiales.
En igual sentido se pronunció el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, quien defendió el artículo incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 y sostuvo que la iniciativa «no es una ofensiva contra nadie».
«El artículo sobre el pago de Ganancias de los jueces se basa en el principio de que somos todos iguales ante la ley», remarcó Casaretto en declaraciones radiales y añadió: «Ya es un privilegio inaceptable a esta altura de la historia de la sociedad argentina».
Mañana el oficialismo buscará la media sanción del Presupuesto en una sesión especial convocada por el bloque del Frente de Todos que confía en aprobarlo con los votos de los diputados aliados.
Según los voceros parlamentarios del FdT, el oficialismo cuenta con 117 legisladores, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurado más de 130 votos.
El tratamiento del Presupuesto llegará al recinto de la Cámara baja luego de haber tenido una ronda de consultas donde participaron nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo.