La audiencia en la que este jueves se tratará la última recusación presentada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa por el atentado contra su vida «se llevará a cabo de manera presencial», informaron este miércoles fuentes judiciales, que descartaron que se vayan a transmitir imágenes en vivo.»En atención a lo solicitado precedentemente por el Dr. (Marcos) Aldazabal y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12:00 hs, en la sede de este Tribunal», resolvió el camarista federal Leopoldo Bruglia.
La querella encabezada por los abogados Aldazabal y José Manuel Ubeira había pedido que la audiencia «se lleve a cabo de manera oral y pública, para que pueda ser transmitida por los medios que V.E. (vuestra excelencia) estime conveniente», aunque el objetivo era que se habilitara su difusión en vivo, que se iba a realizar por la plataforma Zoom.
El planteo de la querella ante la Cámara Federal porteña había sido presentado ayer por la tarde y allí se sostenía que «la publicidad de todas las audiencias -pero más aún las que revisten tal trascendencia para la ciudadanía- de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación conduce a una mejora de la calidad institucional».
Los letrados agregaron allí que «no solo se trata de un caso al que esta Cámara ya se ha referido como de gravedad institucional, sino, además, de una circunstancia en la que se discuten temas básicos para nuestra sociedad, como lo son separación e independencia de poderes y la conducta que deben respetar los funcionarios públicos».
Fuentes judiciales consultadas por esta agencia enfatizaron que la audiencia podrá ser presenciada por los periodistas que quieran cubrirla y que estos podrán grabar los audios de la exposición de los abogados querellantes, a la vez que se podrá tomar una imagen «oficial» ante del inicio de la misma.
Vínculo con el ISSP de CABA
Días atrás, Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella en la que se puso en duda su imparcialidad, luego de que trascendiera que realiza labores académicas rentadas en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires.Esta última recusación había sido presentada por la querella de Fernández de Kirchner el 9 de enero último y allí se le achacó a la magistrada una presunta «dependencia» del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
«Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», señaló ese día la exmandataria en sus redes sociales.
Los letrados de la Vicepresidenta indicaron al solicitar esta recusación que la jueza «Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana».
Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como «irregularidades y arbitrariedades» cometidos por la jueza «desde el primer día» de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.
En aquella primera recusación, rechazada en dos instancias y a estudio del juez Guillermo Yacobucci de la Cámara de Casación Penal, los abogados de la querella le cuestionaban a la jueza Capuchetti no haber profundizado distintas líneas de investigación, entre las que destacaban «la pista Milman».
Esa pista se inauguró a partir de que un asesor de un diputado oficialista dijo haber escuchado, en un bar cercano al Congreso, una conversación del legislador nacional Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) con dos mujeres en la que se habría referido a un eventual ataque (posiblemente contra la Vicepresidenta) antes de que ocurriera.
En el marco de la investigación de esa pista fue que se produjo el quiebre en la relación entre la querella y la magistrada: fue cuando la jueza Capuchetti rechazó un planteo de los abogados de la Vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, se refirió al ataque.
Las asesoras de Milman, al declarar como testigos, primero rechazaron haber estado reunidas con él en el bar cercano al Congreso, pero luego se desdijeron al ver las imágenes de las cámaras de seguridad que las ubicaban allí; sin embargo siempre rechazaron que el legislador les hubiera pronunciado la frase «cuando la maten yo estoy camino a la costa».
Por esta causa están detenidos y procesados los supuestos coautores de la tentativa de homicidio, Fernando André Sabag Montiel, quien gatilló una pistola cargada frente a la cara de la Vicepresidenta el 1 de septiembre último, y su supuesta pareja Brenda Uliarte, que lo acompañaba el día del hecho.
Ayer, al ampliar su indagatoria, el también detenido y procesado como partícipe secundario Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta callejera de copos de nieve, intentó despegarse de los hechos al señalar que cree que Sabag Montiel le apuntó a la cabeza a la Vicepresidenta para impresionar a Uliarte, que lo humillaba con referencias a su falta de hombría.
En el teléfono celular de Carrizo se encontraron decenas de mensajes en los que se atribuía participación en la elaboración del plan para matar a Fernández de Kirchner: al intentar justificar esos chats sostuvo que se trataban de «bromas» que buscaban generar la reacción de sus interlocutores, familiares y amigos.