La Cámara Penal anuló la pena previa y dispuso que otro juez fije la condena, tras comprobarse tocamientos sin consentimiento en un contexto de violencia de género.
En el juicio se comprobó que el acusado realizó tocamientos sin consentimiento, en un contexto de desigualdad de poder. Inicialmente, la magistrada de primera instancia le había impuesto dos años de prisión en suspenso, junto con las accesorias legales y costas procesales.
Tras la apelación de la defensa, la Cámara Penal declaró nula la cesura de pena, argumentando que la jueza de juicio consideró pruebas que no se habían presentado durante la etapa probatoria. Por este motivo, se dispuso que otro juez, en este caso la jueza María Inés Bartels, fije la nueva condena en una audiencia próxima.
El Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo Díaz, sostuvo la acusación, mientras que la defensa había solicitado la absolución, cuestionando la credibilidad de la denuncia.