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Virginia Funes, parte de las 300 familias autoconvocadas, nos cuenta las implicancias: «Un traslado que para nosotros representa el cierre de una escuela de más de 20 años a un nuevo edificio que implicaría que las familias que hoy a la escuela que le corresponde por radio tengan que trasladarse diariamente tres kilómetros de ida y tres kilómetros de vuelta en un pueblo donde no tenemos un sistema de transporte urbano que esté aceitado».
Además, detalló: «donde los accesos al barrio todavía requieren de mucha inversión, donde nos atraviesa una ruta nacional que no tiene las dárselas, con muchos antecedentes de accidentes, sin rotondas, con muchas cuestiones de seguridad y de impacto ambiental que no están realizadas».
Al día de hoy, en medio silencios institucionales, el inicio del próximo ciclo lectivo es una incógnita que
enciende el debate sobre la educación pública a nivel nacional: «Esta incertidumbre está básicamente afectando los derechos de nuestras infancias y adolescencias reconocidos en nuestra ley provincial 2.302, en la ley nacional 26.061 y en la Convención sobre los Derechos del Niño. También hacemos una lectura en un marco donde las políticas nacionales plantean una reforma educativa que está basada justamente en desdibujar el rol del Estado como garante de esta educación», aseguró Funes.