La condena de la jueza Loretta Preska, que fue apelada por el Gobierno, tendría un nuevo “round” el próximo 18 de marzo, cuando se discutirán dudas sobre qué activos locales podrían ser pasivos de embargos
Es un juicio largo y muy cuesta arriba para la Argentina. Mientras apela en las cortes de Nueva York el fallo por la que fue condenada a pagar USD 16.000 millones por expropiar mal YPF en 2012, el gobierno de Javier Milei ve como corren los intereses mientras la causa avanza en el estrado de la Jueza Loretta Preska y también en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde el país intentar revertir la condena multimillonaria.
Y los intereses corren fuerte: según el especialista en este juicio Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, desde la confirmación del monto de la condena, en septiembre de 2023, ya se acumularon más de 400 millones de dólares, a razón de USD 2,5 millones por día.
La cifra es sideral y mucho más en medio de la fuerte crisis económica que atraviesa el país. El caso no parece ser prioritario, al menos según lo que se dice públicamente, pero asoma como una cuestión crucial para el Gobierno. “El fallo de una jueza de Nueva York se ha convertido en un problema para la nueva administración del presidente argentino Javier Milei”, remarcó ayer el influyente Financial Times.
“Es muy irresponsable y arriesgado mantener semejante pasivo y esperar que algún juez en alguna corte nos apoye. La historia no nos favorece”, resumió Maril.
Milei ya habló de “willing to pay”, o “voluntad de pago”, algo que no habían hecho ninguno de sus antecesores durante los ocho años que lleva la demanda, y hasta propuso crear un impuesto a perpetuidad para pagar la demanda. Dijo que se podría bautizar “tasa Kicillof”. El actual gobernador bonaerense fue uno de los impulsores y caras visibles de la expropiación, hace 14 años, cuando era viceministro de Economía.
el país podría terminar pagando el triple de lo que vale la empresa, unos USD 9.000 millones al día de hoy, según el valor de sus acciones en Wall Street. Ya se llevan pagados USD 5.000 millones a Repsol que era controlante de YPF al momento de la expropiación, más unos 4.500 millones de intereses de los bonos que se le dieron a la petrolera española. A esa cifra se le deben sumar costos aún en curso: la sentencia de USD 16.000 millones más los intereses, que ya suman USD 400 millones, como se explicó, y que este año podría ser casi USD 900 millones; y unos USD 300 millones en gastos de abogados.
Más de USD 26.000 millones, el triple del valor actual de la compañía.
Embargos
En medio de este panorama sombrío que no deja de empeorar, el país podría estar al borde de recibir embargos. Es un proceso arduo y no tan simple, pero Preska ya dio el visto bueno para que Burford, el estudio inglés que es el principal beneficiario del fallo, pueda solicitarlos. Se llegó a esa instancia porque el país no presentó avales para mostrar que podría pagar el fallo mientras se desarrolla la apelación, un proceso que va a llevar al menos un año.
En ese sentido, hoy hubo una novedad: la jueza convocó a las partes a una llamada telefónica el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.
El bufete inglés –que compró el derecho a litigar de los accionistas minoritarios de YPF que aseguran haber sido perjudicados por la expropiación– se presentó ante el tribunal diciendo que Argentina estaba trabando información sobre sus activos. Pidieron datos sobre las acciones de YPF expropiadas, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y datos sobre Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, Banco Nación y otros.
Argentina respondió diciendo que Burford no tiene derecho a pedir información sobre bienes diplomáticos y cuestiones soberanas vinculadas al BCRA. Ahora, en la llamada, la jueza decidirá a quién le hace caso: si a Argentina, que no presenta datos sobre esos activos, o a Burford, que quiere tener más datos sobre qué podría embargar. Luego, eventualmente, la magistrada decidirá si tal o cual activo mencionado por el querellante es o no embargable. Las propiedades diplomáticas no lo son y para embargar bienes en el país Burford tendría que lograr que un juez local, con el fallo de Preska como referencia, haga lugar el pedido. No parece algo tan fácil.
El antecedente más cercano en este sentido es la confiscación de la Fragata Libertad, en Ghana, en 2012. En medio de la discusión con los holdouts, acreedores de la deuda, un juez ghanés lo autorizó a pedido del fondo NML Capital y con una sentencia previa en EEUU de Thomas Griesa, el fallecido juez al que reemplazó Preska.
En los últimos días, además, Argentina recibió el apoyo de Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador, que se presentaron como “amicus curiae” en la apelación, preocupados por la intromisión que podría tener EEUU en un país soberano y su impacto en el comercio y relaciones bilaterales.