Los beneficiarios del fallo por la nacionalización de YPF presentarán, el próximo jueves 15 de enero ante la jueza Loretta Preska, un escrito formal solicitando que se declare al Estado argentino en desacato. Nuestro país podría enfrentar sanciones administrativas y/o económicas.
La iniciativa será impulsada por los demandantes, entre ellos el fondo Burford Capital, en el marco del litigio que derivó en una condena por unos USD 16.100 millones. El reclamo se basa en lo que consideran un incumplimiento de una orden judicial que obliga a la Argentina a entregar registros de WhatsApp y otros servicios de mensajería, como Gmail o Telegram, de determinados funcionarios públicos. La Argentina tenía plazo hasta el 10 de enero para completar la presentación.
En su cuenta de X, el especialista Sebastián Maril informó que los beneficiarios del fallo en el juicio a YPF, a través de una carta dirigida a la jueza Preska en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, aseguraron que «presentarán el jueves 15 de enero su primer escrito a favor de declarar a la República Argentina en desacato y aplicar sanciones. El país se defenderá el 19 de febrero, presentando su propio escrito».
«Estás presentaciones resultan del supuesto (repito), supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo ha hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no», señaló Maril en las redes sociales.
Los demandantes buscan probar que YPF, Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central (Bcra) funcionan como «alter ego» del Estado. El concepto de «alter ego» aplicado a entidades estatales se usa legalmente en disputas para argumentar que una empresa pública es tan controlada por el Estado que sus activos pueden ser embargados como si fueran del propio Estado, como se discute actualmente en el caso de YPF. Para que una empresa estatal sea considerada «alter ego» debe existir un control estatal tan intenso que la empresa no pueda concebirse como una entidad legal distinta. Fondos de inversión (como Burford en Argentina) intentan demostrar en tribunales extranjeros que empresas estatales como YPF (Argentina) son «alter ego» del Estado para poder ejecutar sus activos y cobrar deudas soberanas.
En una última comunicación, una fuente de la Procuración del Tesoro afirmó que «la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes».
«Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y ex funcionarios involucrados», manifestó, al tiempo que destacó que «la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria».
Subtítulo: Desacato y sanciones
Desde la llegada de Javier Milei al frente del Ejecutivo se ha hecho énfasis en «reconstruir» la confianza perdida en Argentina. Es por esto que desde el Gobierno no pierden la oportunidad para fortalecer lazos con las principales potencias mundiales y buscar inversiones a medida que se recupera la credibilidad.
En este contexto, este esfuerzo por abrirse al mundo podría verse afectado por las implicancias que tendrían las posibles sanciones a nuestro país. Maril expresó: «La última vez que estábamos en desacato éramos un país que estaba aislado del mundo, por lo que en ese momento no impactó mucho en la credibilidad. Ahora, con este nuevo panorama, las implicancias podrían ser opuestas. Igualmente no habría que adelantarse, ya que puede pasar que Argentina no entre en desacato, lo cual sería muy bueno para el país».
«En definitiva, Argentina argumenta que está cumpliendo con el pedido, y la realidad es que está cumpliendo, ya que se entregó información del 90% de los funcionarios. A la hora de presentar la defensa Argentina va a argumentar que se presentaron 30 de los 36 custodias de información. Respecto a los 6 que no lo hicieron, van a explicar y presentar argumentos sólidos para argumentar el por que no quieren hacer las presentaciones. Desde el Gobierno tienen la posibilidad de decir: Yo cumplo con la mayoría, estoy cumpliendo. Puede ser que la información no sea del todo satisfactoria, pero yo cumplí y acá está la prueba», dijo respecto a la posible defensa que podría presentar la Argentina.