Narcocriminalidad (Procunar) que intervienen en el juicio por presuntos sobornos provenientes del narcotráfico a funcionarios del Juzgado Federal 1 de esta ciudad, en tanto que el Ministerio Público denunció al abogado Aníbal Ibarra por revelar la identidad de un testigo protegido. Los jueces Juan Iglesias, Manuel Moreyra y Rubén Quiñónez -que subrogan en el Tribunal Federal de Corrientes- rechazaron por unanimidad el pedido de recusación formulado por Ibarra contra los fiscales de la Procunar Diego Iglesias y Martín Uriona y que intervienen como coadyuvantes en el debate que se les sigue al ex juez Carlos Soto Dávila, a dos de sus ex secretarios, a otros ex funcionarios, abogados y narcotraficantes de Itatí.
En su pedido de recusación, Ibarra había denunciado que los fiscales «pactaron» con un supuesto narcotraficante para «camuflarlo» como testigo, reservando su identidad y solicitando que se lo convoque a declarar por un sistema digital, con pantalla apagada y la voz distorsionada. El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esa audiencia, celebrada el 1 de febrero, mencionó al testigo con nombre y apellido y reclamó por qué los fiscales no lo imputaron si aparecía mencionado en escuchas telefónicas de la megacausa Sapucay por narcotráfico agravado desde la localidad correntina de Itatí.
Por haberlo individualizado y revelar su nombre y apellido, los fiscales denunciaron penalmente a Ibarra y revelaron ayer que debió activarse un mecanismo de protección al testigo y su familia. «Puso en peligro la integridad física de la persona mencionada y de su familia», sostuvo Iglesias en su descargo, en el que calificó como «un circo, un show mediático» el planteo que había hecho Ibarra, quien defiende al ex secretario penal del Juzgado Federal 1 de Corrientes Federico Grau.
Asimismo, el representante de la Procunar enumeró los riesgos que a su entender desencadenan acciones como la revelación de nombres de testigos de identidad reservada, así como también mencionó que un hombre fue procesado en la Justicia Federal por amenazas agravadas contra un funcionario de la Fiscalía Federal. Según informó Télam, se trata de una persona al que Iglesias vinculó en una relación de amistad con el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone, imputado en esta causa como supuesto integrante de la asociación ilícita investigada por presuntas maniobras de cohecho. El caso fue abierto en octubre del año pasado, reveló el titular de la Procunar e informó que se llegó a la instancia de procesamiento en el estrado atendido por el juez Juan Carlos Vallejos, detalló el despacho de la agencia estatal de noticias.
El proceso contra Soto Dávila comenzó el año pasado y se espera que finalice a mediados de 2023. El ex titular del Juzgado Federal con competencia electoral está sindicado como líder de un asociación ilícita que cobraba coimas para liberar a traficantes de marihuana oriundos de Itatí mediante abogados.