Tras el encuentro virtual con un puñado de gobernadores, la Casa Rosada decidió avanzar a paso redoblado con el proyecto de ley para el denominado «plan colchón» a través del cual pretende garantizar una suerte de blanqueo sui géneris de dólares que tienen los «ahorristas» fuera del sistema. La idea es enviar la iniciativa al Congreso de la Nación la semana próxima, quizás en la segunda semana de junio. El gobierno de Javier Milei cree que el camino está firme para avanzar legislativamente con la propuesta que formalmente entrará en vigencia a partir del domingo 1 de junio, según anunció en su momento el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Ahora bien, si se trata de una medida que depende de la voluntad de los tenedores de dólares no declarados y que se pondrá en marcha sí o sí con el inicio de junio, ¿para qué se necesita una ley?
De acuerdo a la explicación que dan los funcionarios libertarios, con el dictado de una ley se pondrá a salvo el programa para que, en el futuro, no lo cambie un gobierno de otro signo político. El razonamiento parece atendible, pero no justifica la necesidad de una ley, a menos que vaya a introducirse una modificación sustancial respecto del régimen legal para combatir el lavado de divisas, etc.
El «plan colchón», más allá de algunos detalles que ya adelantó el ministro Caputo -al que habría que darle una distinción por su ingenio en la elaboración de medidas estrafalarias- todavía arrastra sospechas. Hay un terreno vidrioso que el Gobierno no ha podido fortalecer con certezas. Por ejemplo, cómo se va a garantizar que además de los dólares negros, también se laven dólares «sucios», es decir aquellos que provienen de las actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la trata, el juego, etc. etc.
Para despejar las dudas que afloraron en las provincias, el ministro Caputo y el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, organizaron reuniones vía zoom con los gobernadores, en total convocaron a 17. Uno de los que asistió a la «conexión» fue el radical correntino Gustavo Aldolfo Valdés, quien ese mismo día, en una salida radial, puso en duda la efectividad del «plan colchón».
Valdés se preguntó cuánta gente estaba en condiciones de ahorrar en dólares en medio de esta situación económica tan apremiante. No es la primera vez que se manifiesta crítico. ¿Tendrá la misma postura en la intimidad con los funcionarios de Milei? Como sea, fue uno de los que participó en la conferencia y escuchó las razones que dan desde la Rosada. Habrá que ver si lo convencieron.
Los que no fueron invitados: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Tampoco llamaron al porteño Jorge Macri, que sufrió un desplante por parte del Presidente en la Catedral metropolitana durante el Tedeum por el 25 del Mayo. Otro de los que ya dijo que no piensa plegarse es Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
Según parece no estarán todos en el colchón. No obstante, Francos señaló que hubo «interés general de parte de todos de adherirse a este sistema». Se refería a los mandatarios conectados.
«La semana próxima vamos a tener elaborado el proyecto de ley que va a constar de pocos artículos y que tiende fundamentalmente a elevar los montos de la información que va a demandar Arca» a quienes usen dichos fondos «a través de compras con un tope de 50 millones de pesos mensuales como máximo».
El proyecto legislativo «va a garantizar que la información que se suministre en cuanto al patrimonio no va a ser revisada, y se van a bajar los períodos de prescripción con una idea de llevarla a dos años», dijo Franco.
El Gobierno planea darle una cobertura legal al jubileo de los canutos. Así y todo subyace una pregunta de fondo, ¿para que necesita una ley si el plan es voluntario y estriba en la confianza?