Jefe del Servicio Penitenciario, echado al ser imputado por homicidio de preso 


RUBÉN ROQUE ROMERO ASUMIÓ EL CARGO DE JEFE DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL EN ABRIL DE 2019. CON SU LLEGA­DA AL MANDO LA FUERZA DE CUSTODIA VOLVÍA A SER NORMA­LIZADA TRAS LA GESTIÓN DEL INTERVENTOR COMISARIO (R) OSVALDO DE LOS SANTOS GARCÍA (ACTUAL SUBSEC. DE SEGURIDAD) DEBIDO A OTRA MUERTE DE UN PRESO EN LA UNI­DAD PENAL 6. 

El Gobierno provincial dispuso el desplazamiento del jefe del Servicio Peni­tenciario Provincial (SPP), inspector general Rubén Roque Romero, luego de que la Justicia lo imputara por el homicidio del preso José María «Kevin» Candia, ocu­rrido durante una represión policial y penitenciaria el 21 de abril de 2020 en plena pandemia.

La decisión del Poder Ejecutivo de desplazar al máximo jerarca de la fuerza custodia y poner en su lugar a Guillermo Andrés Sotelo, trascendió ayer a través de fuentes confiables aunque las usinas gubernamentales no dieron a conocer la no­vedad. En tanto, la segun­da jefe del SPP, Ana María Canteros, continuará en su puesto pero los directores de las diez unidades penales existentes en la provincia serán renovados también. La novedad se da sólo días después de que el ex juzgado de Instrucción Nº 2 (ahora juzgado de Garantías) dispu­so la imputación de Rome­ro como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo e incum­plimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la investigación por el asesinato de Candia, quien recibió un disparo de arma de fuego por parte de un agente no identificado hasta la fecha durante una represión a cargo de grupos especiales de la Policía de Corrientes y el Servicio Pe­nitenciario en el pabellón 6 de la Unidad Penal 1, que por entonces estaba aún ubi­cada frente a la explanada del puente interprovincial «General Manuel Belgrano». De acuerdo a fuentes judi­ciales la imputación reca­yó sobre Romero por ser la máxima autoridad del SPP y de acuerdo a la querella, en la actualidad a cargo del doctor Hermindo González, fue Romero el que orde­nó el operativo traslado de personal penitenciario que por entonces se encontraba aislado debido a un brote de coronavirus. La pesqui­sa demostró que si bien los presos estaban en huelga debido a un reclamo de me­jores condiciones de higiene luego de que se detectó un caso positivo de una agente penitenciario, los inciden­tes comenzaron por una pelota de fútbol que quedó enganchada en un tejido y uno de los internos intentó recuperarla lo que fue inter­pretado por el agente que es­taba en la garita de centinela como un intento de fuga y quien disparó dando inicio al conflicto que terminaría con un muerto y decenas de heridos, tanto presos como agentes de las fuerzas. Ade­más, luego de producido el fallecimiento de Candia la médica legista certificó que el deceso se produjo por una herida de arma blanca, lo que fue ratificado por auto­ridades del Gobierno pero luego con la autopsia que­dó desestimada esa versión siendo acreditado que el jo­ven, preso por robarle un ce­lular a su vecina, fue balea­do con un proyectil de plo­mo efectuado por un agente que la pesquisa a cargo del fiscal Gustavo Roubineau, no pudo identificar aún. En ese sentido, el querellante González sostuvo que «Ro­mero al tiempo del suceso criminal investigado cum­plía funciones de mando so­bre el personal asignado en la Unidad Penal Nº 1, en ese contexto luego de ordenar la represión organizó un me­canismo de encubrimiento mintiendo al Ministerio Pú­blico Fiscal respecto de la causa del deceso del interno Candia, donde se informa que este interno habría fa­llecido como consecuencia de las heridas contantes pro­vocadas por otro interno». Por ello, el representante de la madre de la víctima pidió la detención del saliente jefe del SPP. s



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