Esta mañana, la Procuradora Fiscal Marisol Sandoval y el funcionario Alexis Ubilla presentaron cargos contra Daniel Héctor Quiduleff (31) por presunta desobediencia a una orden judicial.
El imputado fue detenido el sábado, en horas de la mañana. En ese momento. Quiduleff caminaba cerca del domicilio de su expareja. Asimismo, el viernes fue notificado de una orden de alejamiento, puesto que su ex emitió una denuncia en su contra por violencia de género. Ese día, Santiago Huaiaquil, juez de Familia, dictó una medida judicial que establece que tendrá que estar, por lo menos, a 400 metros de la denunciante. Además, tampoco podrá contactarla por medios virtuales.
El juez penal, Ariel Quiroga, decidió formalizar la investigación penal contra Quiduleff, con base en los hechos presentados y la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal.
Al comienzo de la audiencia, Alexis Ubilla presentó los hechos que figuran en la pieza de pedido de formalización de la investigación penal preparatoria de juicio. Luego, solicitó la declaración de legalidad de la detención de Quiduleff.
El delito en cuestión es de acción pública, lo que implica que la principal afectada es la administración pública. En este sentido, la fiscal solicitó un plazo de seis meses para la investigación y la presentación del imputado en el área de criminalística para su identificación conforme al protocolo vigente.
Por su parte, la defensora pública, Rosa Sánchez, no objetó la legalidad de la detención y consideró que se cumplían los requisitos para la formalización de la investigación penal.
Además, Sánchez propuso evaluar la posibilidad de un acuerdo conciliatorio entre Quiduleff y su ex.
Ante esto, la procuradora Sandoval señaló que, conforme a un instructivo de la Procuración General, no corresponde aceptar salidas alternativas al conflicto cuando el acusado cuenta con antecedentes penales computables.
En este sentido, detalló que Quiduleff ha estado en el sistema penal desde 2015, accediendo a diversos beneficios como la suspensión de juicio a prueba. También ha recibido condenas de cumplimiento efectivo y fue declarado reincidente. Por ello, otorgarle un nuevo beneficio enviaría un mensaje contradictorio a la sociedad y a la normativa vigente.
En este contexto, el juez Quiroga sostuvo que el tribunal no puede avanzar con la propuesta de conciliación de la defensa si el Ministerio Público Fiscal se opone a ello.
Finalmente, el magistrado resolvió declarar la legalidad de la detención y autorizar el inicio formal de la investigación preparatoria de juicio, otorgando a la fiscalía un plazo de seis meses para concluirla.