La meta del superávit fiscal que el Gobierno de Javier Milei consiguió en el primer año de gestión se basó en un drástico ajuste del gasto público y dentro de este rubro en particular sobre dos o tres pilares, uno de ellos consistió en la quita de inversión a la obra pública, que quedó paralizada en todo el país. El ajuste, que el Presidente describió con indisimulado orgullo como «el más grande de la historia de la humanidad», significó el abandono de todos los proyectos sin medir su importancia ni el grado de avance. Los obradores, que se mantenían con serias dificultades en el último período del kirchnerismo, literalmente se cerraron con la llegada de los libertarios al poder. Hoy muchos siguen en esas condiciones y todas las señales indican que van a continuar así.
La administración nacional, enfocada en otros asuntos, no planea reactivar los desembolsos para obras públicas, salvo contadas excepciones. La idea es empujar a las provincias a hacerse cargo de esas obligaciones o poner en manos del sector privado aquellas iniciativas que son rentables y apetecibles para el «mercado». Un buen ejemplo es la solución ofrecida para la Ruta Nacional 14. Frente a los reclamos del sector empresario y las comunidades afectadas, la Casa Rosada decidió activar la licitación para concesionar el Corredor Vial Nº18 que comprende la mencionada ruta, los futuros concesionarios tendrán que hacerse cargo de las obras de mantenimiento y mejoramiento.
No es un detalle secundario, es la declaración expresa de que Milei no piensa invertir en obra pública. ¿Qué pasará mientras tanto? Nada.
A todo esto, las empresas involucradas en distintos proyectos solicitan que al menos el Gobierno rescinda los contratos, pero sucede que al dar ese paso estaría reconociendo un incumplimiento y tendrá consecuencias económicas.
De hecho la paralización que impuso Milei ya generó un impacto negativo enorme con el cierre de empresas de construcción y despidos de personal. Además, por supuesto, de privar a la población de distintas regiones del país de las obras que necesitan. Por caso, en Corrientes, la autovía de la Ruta 12 que hace dos años está abandonada a su suerte y allí se registraron más de una veintena de accidentes viales con saldo luctuoso.
Según la consultora PxQ, la inversión en infraestructura durante el año 2024 fue la menor desde la caída de la convertibilidad. Al comparar los gastos de capital ejecutados por el Estado Nacional desde 1993 a precios constantes, la compañía -que dirige el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis- concluyó que la partida gastos de capital cayó un 77% y fue la que más sufrió, seguida por transferencias a provincias -68% (en muchos casos también para obras), otros gastos corrientes -66% y subsidios económicos -34%. A su vez, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) reveló que para octubre de 2024 cayó un 9,2% la cantidad de empleadores, lo que evidencia la desaparición de unas 4.000 mil firmas del sector en tan solo un año. Los datos del Instituto Argentina Grande, que nuclea a técnicos de Gabriel Katopodis, dan cuenta de una pérdida de 80.000 empleos.
El sacudón en empresas refleja el nivel de inactividad. Lo más preocupante es que el proyecto de Presupuesto Nacional 2025 que el Gobierno presentó al Congreso pero evita su tratamiento, no anticipa un panorama mejor para el 2025. Prevé nuevos recortes en transferencias a provincias y municipios y una recuperación mínima para la partida de gastos de capital con respecto a lo ejecutado el año pasado.
Este cuadro hace suponer que las provincias adoptarán idéntico temperamento y avanzarán solamente con obras de menor envergadura.