La industria farmacéutica argentina ha quedado en el ojo de la tormenta, envuelta en una de las peores tragedias de su historia. En una jornada que se anticipaba crucial para la causa, el empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, terminó de prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak. La investigación que lo tiene en el centro de la escena busca esclarecer su rol en la cadena de hechos que derivó en la muerte de al menos 96 pacientes que, de manera fatal, fueron inoculados con fentanilo contaminado. El hombre, detenido días atrás junto a otros directivos de la empresa, ha roto el silencio ante la Justicia en un intento de deslindar responsabilidades y, según su abogado, «decir todo lo que quería decir».
La escena en la entrada de los Tribunales de La Plata, donde se llevó a cabo la audiencia, reflejaba la tensión del momento. Cámaras de televisión y periodistas de diversos medios se agolparon para captar cada palabra del abogado de García Furfaro, Gastón Marano, quien en la previa a la declaración de su defendido, brindó una conferencia de prensa improvisada que sentó el tono de lo que vendría. Marano calificó la indagatoria de su defendido como un momento «sagrado», un espacio de tiempo crucial para que el empresario pudiera explicar su historia de vida, su ascenso en la industria farmacéutica y, lo más importante, su visión y relación con la gestión diaria de los laboratorios.
La expectación era alta. Marano había anticipado que la declaración sería «larga», y que el encuentro previo con su cliente serviría para afinar «los últimos detalles». Su estrategia, según se pudo inferir, consistía en pintar un cuadro en el que García Furfaro, aunque era el propietario, no tenía el conocimiento técnico ni la injerencia operativa directa en los procesos que presuntamente condujeron a la contaminación del fentanilo. «Él era únicamente el dueño de los laboratorios, pero no personal técnico», subrayó el abogado, intentando establecer una clara distinción entre la propiedad y la experticia. Esta línea argumental buscaría eximirlo de la responsabilidad directa sobre los supuestos fallos de producción y control de calidad.
En un gesto que sorprendió a la prensa, Marano hizo hincapié en que si bien los fallos mencionados en la causa estaban acreditados y los había leído personalmente, estos requerían «un nivel de sofisticación que Ariel no tenía». Según su versión, la normativa vigente no le exigía ese nivel de detalle al propietario del laboratorio. El abogado defendió a su cliente argumentando que sí contaba con «una cadena de empleados adecuados a la solicitud de la Anmat», la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el organismo regulador que supervisa y autoriza la producción de fármacos en el país. Esta defensa apunta a que la culpa recae en la cadena de mando operativa, no en el dueño.
La tragedia del fentanilo contaminado ha conmocionado a la sociedad argentina, dejando un saldo de 96 vidas perdidas en circunstancias espeluznantes. El caso ha puesto al descubierto posibles falencias en el control de calidad y en la cadena de producción de una de las sustancias más potentes utilizadas en el ámbito médico. La investigación a cargo del juez Kreplak es de una complejidad inusitada, abarcando desde la recolección de pruebas en los laboratorios, hasta el rastreo de cada ampolla de fentanilo que pudo haber estado contaminada y su destino final en hospitales y clínicas. La situación legal de García Furfaro es sumamente delicada. Los cargos que se le imputan, en caso de ser probados, lo harían pasible de una de las penas más severas, entre 10 y 25 años.
El caso no sólo implica a Ariel García Furfaro. La investigación ha alcanzado a su círculo más íntimo, incluyendo a su madre, Nilda Furfaro.s