El Gobierno endurece su política migratoria imponiendo nuevos requisitos para otorgar la ciudadanía y con deportaciones exprés de ilegales. También informaron que los hospitales públicos podrán cobrarles a los extranjeros no residentes.
Adorni explicó que los inmigrantes ilegales y los residentes transitorios «deberán pagar por los servicios de salud» en los hospitales públicos.
El vocero también informó que «quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar la capacidad de pago».
«Están los inmigrantes que vienen a utilizar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que tampoco contribuyeron a financiarlos con sus impuestos», explicó Adorni.
«Están los tours sanitarios: vienen al país, se atienden en un hospital público y vuelven a su lugar de origen», explicó el vocero presidencial.
En ese contexto, dio cifras sobre los gastos en salud: «Sólo en 8 hospitales nacionales se gastaron 114.000 millones de pesos en atender a pacientes extranjeros», declaró.
El Gobierno también habilitará a las universidades a cobrarles a los extranjeros por sus servicios. «Se respetará la autonomía universitaria», aclaró el portavoz del Presidente, por lo que la decisión partirá desde cada casa de estudios.
REFORMA MIGRATORIA
El vocero presidencial también informó que habrá nuevos requisitos para otorgar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a los extranjeros que vivan en el país.
«Van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina», adelantó el vocero antes de detallar la medida.
La ciudadanía nacional se otorgará a quienes residan de manera continua durante dos años consecutivos en el país, sin abandonar el territorio nacional.
«Quienes entren o permanezcan de forma irregular, no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora», señaló el candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.
Con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presente en la conferencia de prensa, Adorni informó que habrá reformas migratorias en términos de seguridad.
«Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia en pasos no habilitados o mientan en cualquier información que propicie su ingreso, serán expulsados», comunicó el vocero.
El Gobierno también deportará a todos los extranjeros que sean condenados por un delito, sin importar la gravedad del mismo. «Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes», señaló Adorni.
«Se van a acortar los plazos para los procesos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos. El que las hace las paga», sentenció Adorni.
El portavoz del Presidente condenó la ley actual con respecto a los extranjeros: «Tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos».
En esa misma línea, añadió: «Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Cualquier inmigrante condenado con una pena menor a cinco años puede vivir en la Argentina. De los 4.300 extranjeros en la ciudad detenidos, el 40% fueron por robo y hurto», explicó.s