Mucho se ha dicho sobre la conflictiva relación entre algunos emprendimientos mineros y los productores agropecuarios cercanos al área del yacimiento. No solo por la contaminación ambiental más o menos controlada de los primeros, sino por el uso del agua en grandes volúmenes, sobre todo en zonas semidesérticas en las que el recurso escasea. Varias comunidades han ejercido en su momento la suficiente presión social y política como para rechazar nuevos proyectos en su territorio y con el aval de la justicia lograron frenarlos.
Pero como no todo es blanco o negro, hay provincias que tienen un subsuelo cargado de riqueza inerte y disponible, que sólo puede transformarse en un recurso valioso mediante su explotación. El dilema de extraer o no los minerales siempre está presente y trae controversias: a veces se zanja a favor de las poblaciones reclamantes y otras en beneficio de las empresas interesadas en el aprovechamiento comercial. Pero como nada es estático, y toda actividad humana provoca un grado relativo de contaminación que es vital reducir, lo ambiental es cada vez más tenido en cuenta en la ecuación costo-beneficio de los proyectos mineros y en los protocolos de buenas prácticas.
Es responsabilidad de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales administrar sus propios recursos, velar por la protección del ambiente y la salud de su población, y hacer cumplir a las compañías las normas y regulaciones de la actividad. Y así como hay comunidades de campesinos y productores que denuncian ser afectados por la minería desde el vamos, otras buscan puntos de encuentro en base a acuerdos para minimizar el impacto ambiental negativo, contribuir con el desarrollo de las áreas de influencia y establecer vínculos comerciales.
Ampliar la distribución de los beneficios
Algo de esto ocurre en San Juan, en la que la minería es un sector clave desde hace décadas y que este año logró un récord de US$1.000 millones de exportaciones en el primer semestre, en su mayoría por embarques de oro y cal. La provincia tiene compromisos de inversiones mineras por US$13.200 millones, ya que el 40% de las aplicaciones al RIGI recibidas por el Gobierno nacional corresponden a proyectos localizados en su territorio, según confirmó el gobernador Marcelo Orrego.
Allí se realiza la Gran Feria Agroproductiva, en la que más de 100 productores hortícolas de varios departamentos presentan una variada oferta de materias primas y alimentos elaborados, para proveer no sólo a los consumidores locales sino como suministros para las empresas nacionales y multinacionales que tienen explotaciones mineras en la provincia.
De hecho, la Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan, que nuclea a 300 pequeños horticultores, ha propuesto a las empresas mineras que los productores locales sean sus principales proveedores, en pos de un beneficio mutuo. La iniciativa, con gestiones en marcha desde el Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo provincial, busca mitigar la crisis que atraviesa el sector agropecuario por el aumento de costos, los bajos precios mayoristas, la brutal caída del consumo interno y para fortalecer la economía regional, que además enfrenta la competencia de productos importados.
La propuesta tiene como objetivos generar un canal directo entre los agricultores y las empresas tercerizadas que proporcionan alimentos a las mineras, garantizar que el consumo de hortalizas y frutas se abastezca con la producción local e inyectar capital y demanda en el sector agrícola local. Está claro que esta iniciativa puede beneficiar a ambas partes. Para los productores significa un mercado seguro y de gran volumen que les permite planificar su producción a largo plazo y obtener precios justos. Y para las empresas mineras representa una oportunidad de fortalecer su compromiso social con la provincia y reducir su huella de carbono al acortar las cadenas de suministro.
Tomar como prioridad a la comunidad circundante
Como refuerzo, el Gobierno provincial, a través del Programa Multilateral Cadena de Valor Minero, está apoyando a los horticultores sanjuaninos en su desarrollo. En lo que consideran una sinergia productiva, se está buscando una mayor conexión entre ambos sectores para impulsar la economía provincial y la agricultura familiar. La minería genera demanda de alimentos, agua y otros insumos, lo que puede ser aprovechado por los productores locales. Esto no significa resignar reclamos y denuncias en materia ambiental llegado el caso, sino ampliar el beneficio de la actividad minera con prioridad a la comunidad circundante, más allá de las regalías e impuestos locales.
En los departamentos de Jáchal e Iglesia en el norte de la provincia, Caterwest, la empresa que abastece los servicios de hotelería y gastronomía en la mina Gualcamayo, y la operadora Minas Argentinas llevan adelante un proyecto para diversificar la producción agrícola de los pequeños campesinos locales, que proveen una cada vez más amplia variedad de verduras y hortalizas a las minas.
Desde hace cinco años hay un emprendimiento llamado ServinnAgro, que lleva adelante el productor y asesor Enzo Bravo, que se vincula también con la mina Veladero y ahora con horticultores del Valle del Tulum, que al principio recibió financiamiento para un plan de manejo integrado de carpocapsa (polilla del manzano) en los membrilleros de 46 quinteros, pero hoy acumula muchos proyectos, más productores y cooperativas, tiene un local de venta de semillas e insumos y una verdulería con una gran oferta de productos con abastecimiento continuo: cebolla, papa, acelga, puerro, apio, ajo, albahaca, perejil y zanahoria.