Juan Carlos Peralta pasó por audiencia de control de detención por el crimen de Gastón Acosta, ocurrido en la zona de asentamientos.
Ayer por la mañana se llevó adelante la audiencia de control de detención por el homicidio de Gastón Acosta (25), que tiene como único imputado a Juan Carlos Peralta (55), ocurrido el pasado sábado en la zona de asentamientos conocida como “El Cerrito”, ubicada en el límite entre los barrios San Cayetano y Máximo Abásolo.
En este marco, la audiencia fue presidida por el juez penal Alejandro Soñis; por el Ministerio Público Fiscal, estuvieron presentes el fiscal general, Juan Carlos Caperochipi y la funcionaria de fiscalía, Jazmín Abraham.
El imputado, fue asistido por la defensora pública, Vanesa Vera. Desde la fiscalía dieron a conocer el hecho ocurrido el 26 de octubre del corriente año, aproximadamente a las 18:40 horas en la zona de El Cerrito, en Antonio Garcés y Balbín S/N, donde la víctima, Ezequiel Acosta, compartía bebidas junto a un amigo y al victimario Peralta, en el domicilio del hijo de este último.
En estas circunstancias, Acosta esgrimió un arma blanca y Peralta efectuó al menos un disparo de arma de fuego que impactó en la nuca de la víctima, cuya trayectoria seccionó la médula espinal, saliendo por la parte frontal del rostro pero sin lesionar la mandíbula, causándole la muerte de forma inmediata.
Según relató el propio Peralta dijo: ‘yo maté a mi amigo, me defendí, me quiso hincar, y lo maté’”. Señalando una vez arribado el personal que otro amigo se había llevado el arma homicida. Por ese motivo la imputación solicitada para Peralta es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor.
El fiscal, aclaró que hay un escenario contradictorio dado que por un lado el victimario se autoincrimina, pero por el otro el arma fue desalojada del lugar, sin ser encontrada en intervenciones, y si bien pudiera plantearse el exceso de legítima defensa, consideran que la modificación del escenario es lo que hace que inicialmente se plantee la calificación legal antes mencionada.
No obstante mencionó que un cuchillo estaba en poder de la víctima que yacía en el suelo durante la primera intervención. En cuanto a la evidencia, indicó que se secuestraron prendas de vestir del imputado y la víctima, el teléfono del imputado, cuentan con un adelanto del informe del Cuerpo Médico Forense, que brinda detalles de la muerte de la víctima, pero también que no hay lesiones que rebelen pelea o contacto físico entre los involucrados.
De acuerdo al relato de testigos, víctima y victimario se conocían, tenían una relación de amistad y laboral, por haber trabajado juntos. Por su parte, la defensora planteó que no tenía objeciones respecto a lo señalado por la fiscalía, indicando que existía la posibilidad de que la imputación mutara a exceso de legítima defensa, y que las cosas sucedieron tal cual relató su asistido, quien decidió prestar declaración en la audiencia, nuevamente reconociendo el hecho y diciendo que se defendió de una agresión.
En cuanto a la medida de coerción, la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva para cautelar el proceso, debido al peligro de fuga y entorpecimiento, teniendo en cuenta que conoce a varios de los testigos, y en virtud de las diligencias y averiguaciones que resta que se concreten, como la apertura del teléfono celular y la búsqueda del arma homicida y otras.
Considerando además que en caso de recaer en condena podría ir desde los 10 años y seis meses de prisión a 27 años y 7 meses. La defensa no cuestionó la petición de la fiscalía, pero hizo mención a que se había intentado llevar adelante un informe socio ambiental para solicitar una medida de coerción menos gravosa para su asistido, tal como el arresto domiciliario, pero esto no fue posible debido a que familiares de la víctima comenzaron a amenazar a la esposa de su asistido, y actualmente no cuenta con un domicilio alternativo para pedir la medida, lo que haría que por el momento no pueda solicitar la morigeración pero sí en cuanto se reúnan las condiciones.
Así, el juez penal Soñís decidió declarar legal la detención, autorizar la apertura de investigación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, otorgar el plazo de investigación de seis meses y dictar la prisión preventiva para Peralta por el término de cuatro meses.