Hay un acuerdo entre Meloni y Milei para violar la convención de refugiados

A sus 72 años, el italiano Leonardo Bertulazzi no olvidará todo lo que pasó el 29 de agosto del año pasado. Por la mañana lo llamaron de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) para informarle que iban a revisar su estatus de refugio. Por la tarde, después de las 14, lo llamó una abogada de la Defensoría General de la Nación para informarle que había cesado su condición de refugiado. «No se preocupe –le dijo–. Usted sigue bajo la protección del estatus de refugiado hasta que sea firme la cesación y eso será después de varios recursos judiciales. No lo podrán apresar». Unos 20 minutos después irrumpió la Dirección Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal en el barrio de San Telmo. Llegaron con otros cuerpos de seguridad y rodearon una cuadra de la calle Defensa. Entraron con una orden de allanamiento y detención preventiva para extradición a Italia, firmada por la jueza María Romilda Servini, la misma que había ordenado su liberación dos décadas atrás. El despliegue no fue casual. De inmediato, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de una presunta captura. «Gracias a un trabajo conjunto de la Policía Federal y la Agregaduría Policial de Italia, con un profundo trabajo de inteligencia del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, lo atrapamos. Se le terminaron los años de impunidad a este peligroso delincuente», celebró Bulrich sobre este militante popular nacido en Verona pero genovés desde los diez años, que ya afrontó la prisión en la Italia de los ’70. Vive hace años en el mismo lugar de Buenos Aires y después de pasar otra vez por una prisión, ahora está con detención domiciliaria. En su casa, recibió a Tiempo Argentino mientras prepara una apelación ante la Corte Suprema.

–¿Cuándo llegó a la Argentina?

–Vivo en Argentina desde 2002 y en 2004 me reconocieron como refugiado y desde entonces tengo mi DNI, mi CUIL, di mi adhesión al monotributo, pago los impuestos correspondientes y participo en las elecciones de la ciudad. Desde 2004, mi esposa y yo vivimos en el mismo departamento en San Telmo, allá donde el 23 de mayo de 2024 la CONARE me notificó la intención de revisión de mi estatus de refugiado.

–¿Por qué Patricia Bullrich dijo que a usted «lo encontraron» cuando lo detuvieron en su domicilio?

–No había ninguna dificultad para localizarme. Hace 21 años que vivo en este departamento, todo fue una operación del gobierno.

–La ministra Bullrich lo acusa de ser un asesino. Escribió que usted «había formado parte de la banda que secuestró y asesinó al ex primer ministro italiano Aldo Moro». ¿Qué le contesta?

–Sí, en el mismo comunicado dicen que soy «responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”. Pero, como se puede constatar leyendo el pedido de extradición de Italia, nunca me acusaron ni me condenaron (en ausencia) por ningún delito de sangre, ni por matar ni por herir a nadie. Y condenarme en ausencia significó que no pudiera ejercer mi defensa.

–Si cuenta con la protección del estatuto de refugiado, ¿por qué lo detuvieron?

–Me detuvieron ilegalmente porque estoy refugiado. Pero el 29 de agosto de 2024 la Comisión Nacional de Refugiados me comunicó que cesaba el estatus porque dicen que recurrí a las autoridades italianas por haber designado abogado y haber presentado un pedido de prescripción, el fin de la pena. Quince minutos después la policía irrumpió en mi departamento y me arrestaron por orden de la jueza María Servini.

–¿Por qué la jueza tomó esa decisión?

–Lo dispuso a partir de una comunicación que tuvo con Florencia Zicavo, que integra la CONARE. Servini entendió que el refugio había cesado, y esa es una gran equivocación.

–¿Es la primera vez que ella interviene en su caso?

–No. En 2003 la misma jueza había dictado una resolución opuesta, la de la improcedencia de la extradición porque había sido juzgado en ausencia, sin poder defenderme.

–¿Por qué cree que Servini ahora cambió de opinión?

–Justicias contrapuestas, que cambian con el mutar de los tiempos, de las tendencias políticas. Hay un acuerdo entre Giorgia Meloni y Javier Milei para perseguirme a mi y a otros militantes de izquierda. Y eso implicó llevarse por delante la Convención de Refugiados. Algo que sucede con quienes somos refugiados es que los países que causaron las razones por las que tenemos una protección internacional son los mismos que nos llaman terroristas.

–Pero desde entonces han pasado 22 años en Argentina. ¿Qué significa para usted este giro?

–Sí, 22 años de vida aquí en Argentina, en esta casa. Años de relaciones laborales, sociales, de amistades, como si no contaran. Te ofrecen la posibilidad de reconstruir tu vida, y después de dos décadas, a los 73 años deciden que tenés que terminar tu vida en la prisión.

–¿Y no hay prescripción?

–Pasaron 45 años desde mi salida de Italia. Fue en octubre de 1980. Sin embargo, la justicia italiana y hasta ahora también la argentina, han utilizado todo tipo de pretexto y maniobras para negar una prescripción que el paso del tiempo inexorablemente ya ha sancionado.  

–¿Hubo un cambio en el comportamiento del gobierno italiano con la llegada de Meloni?

–Ya en 2002 Italia pidió mi extradición. Entonces en Italia había un gobierno de derecha dirigido por Berlusconi; es cuando la Justicia argentina dijo no a la extradición. Hoy la primera ministra es Meloni, que dirige un gobierno formado por una alianza de tres partidos, el suyo, Fratelli d’Italia de extrema derecha, el partido fundado por Berlusconi, Forza Italia, y la Liga del Norte de Salvini. Cuando me arrestaron en agosto de 2024, en Italia aparecieron en algunos diarios notas que hacían referencia a un intercambio de favores entre Meloni y Milei. El acuerdo entre ellos ha quedado claro, y sus ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y Carlo Nordio, cumplen con ese acuerdo.

En su casa, Bertulazzi lee la prensa argentina y la de su país. Tiene un recorte del diario La Repúbblica, de Roma. Lo mencionó en su edición del 12 de enero del año pasado: “Detrás de la detención del ahora ex-Brigadas Rojas de 72 años, Leonardo Bertulazzi, se esconde supuestamente un pacto de Meloni y Milei para salvar de la justicia argentina a un sacerdote italo-argentino implicado en los crímenes de la dictadura sudamericana de los años ’70. Se llama Franco Reverberi. En enero de 2024, el ministro de Justicia del gobierno Meloni, Carlo Nordio, responsable de la decisión final, no extraditó al sacerdote torturador. Concediendo inmunidad al torturador Reverberi, como deseaba Milei, Meloni recibió como regalo la captura de Leonardo Bertulazzi. Se trata de un gesto de reciprocidad de un gobierno ultraderechista italiano con el nuevo gobierno argentino, que también lleva el signo político de la negación de lo ocurrido durante la última dictadura en Argentina, resumió el matutino.

–¿Cree que a usted lo están usando como ofrenda por el caso Reverberi?

–El caso del cura torturador Reverberi es paradigmático. Un juez federal argentino pidió la extradición por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Luego, la casación italiana le concedió la extradición. Después el ministro italiano Carlo Nordio finalmente  la rechazó. Esto revela tanto la búsqueda de impunidad para los represores y la persecución a la militancia de izquierda.

–¿El ministro de Justicia Carlo Nordio es el mismo que busca que usted sea extraditado?

-Sí, es el que firma el pedido de extradición.

– ¿Cómo define el vínculo entre Meloni y Milei?

–Es una alianza entre gobiernos que buscan caracterizarse a la derecha. No se puede decir que vayan contracorriente. En 2021 Italia pidió la extradición de 10 compañeros que habían vivido, como yo, el conflicto de los años ’70 y se habían refugiado en Francia. Uno de ellos, un compañero exiliado en Francia, escribió: “Esta mañana hablando de las detenciones, alguien me dijo: ‘Parece que hemos retrocedido 40 años’. Pero no, no es así, parece que hemos saltado hacia delante, hacia un horror al que nos dirigimos”. La exhibición del “terrorista”, pintado más rojo que el diablo, es una forma de legitimación. Es un mensaje dirigido a los que defienden el control y la represión de las protestas sociales, de todas formas de lucha colectivas.

–¿Qué pasó con sus compañeros que tienen refugio en Francia y los querían extraditar?

–Esto ocurrió en 2021. El tribunal de apelación de París resolvió rechazar la extradición de todos los diez y en el marzo de 2023 la Casación francesa confirmó la resolución. Los jueces consideraron que la legislación especial italiana, promulgada en los años ’70 y siempre vigente, no garantizaba el justo juicio, que muchos habían sido condenados en ausencia y que se habían radicado desde décadas en la sociedad francesa. Y, reanudando lo que decía antes con respecto al tiempo que pasa, los jueces franceses afirman en su sentencia: «Los hechos son muy antiguos. Sin descuidar su excepcional gravedad, en un contexto de violencia extrema y reiterada que no puede legitimarse por exigencias políticas, debe considerarse que la perturbación del orden público provocada ha llegado a su fin».  

–¿Quiere decir que Meloni busca venganza?

–El espíritu de la prescripción de este caso no está en el radar de ella. Meloni prefiere el espíritu de la venganza. Venganza en contra de quienes pusieron en discusión la configuración del poder político y económico para afirmar el concepto de que no hay posibilidad de ruptura, de trasformación. Con eso además quiere sepultar la memoria de los centenares de trabajadores que murieron en las luchas populares por mano de la policía desde el final de la guerra en adelante, de las masacres perpetradas con bombas por grupos fascistas junto a servicios secretos y aparatos del Estado. Pasaron a la historia como las masacres de Estado para derrotar las instancias y las aspiraciones para un mundo mejor del más grande y duradero movimiento social del posguerra en Europa.«