A principios de diciembre último, las denuncias de las organizaciones que reúnen a personas con discapacidad lograron un fallo judicial que ordenó a la cámara que concentra a las empresas de transporte de media y larga distancia respetar las leyes que garantizan el acceso gratuito de los usuarios con alguna discapacidad. Vale recordar que el beneficio se había interrumpido luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara a principios de octubre de 2024 «la total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros».
El rechazo ante los perjuicios infligidos a las personas con discapacidad derivó en un paso atrás por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que entonces presentó una medida cautelar y libró infracciones en nombre del Estado. La propia CNRT aseguró después del fallo que «continuará registrando las denuncias de los usuarios», que no tardaron en llegar a las propias cuentas del organismo.s
Tal como se había anunciado, un grupo de personas con discapacidad, en particular no videntes, y sus familiares, se concentraron ayer en la plaza Torrent de esta Capital, en cercanías del Instituto para Ciegos y Disminuidos Visuales «Valentín Haüy», al cual asisten.
El reclamo es concreto: rechazan el recorte de pasajes a personas con discapacidad en Corrientes, lo que genera mucha preocupación de los principales afectados y sus familiares.
Recuerdan que con el Certificado Único de Discapacidad, que rige para todo el país, deberían tener el pasaje libre en todo momento.
Hay que recordar que desde el año pasado las empresas de transporte público de pasajeros de Corrientes limitaron el uso de pases gratis a dos por día y persona a todos los beneficiarios de planes sociales, pasajes gratuitos estudiantiles, jubilados y hasta los discapacitados.
Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) de Corrientes, explicó en declaraciones a Radionord los motivos detrás de la movilización que tuvo lugar ayer. La protesta se centra en los recortes en los pasajes de transporte público para personas con discapacidad, lo que ha generado preocupación y descontento entre los afectados.
«Los recortes han sido impulsados por medidas de ajuste a nivel nacional, según lo indicado por funcionarios como Lisandro Rueda», expresó Kriskovich. Sin embargo, cuestionó la decisión de restringir los pasajes que, según ella, son un derecho fundamental. «No es justo que se limite la cantidad de veces que una persona con discapacidad puede utilizar el transporte público», añadió.
Actualmente, el sistema permite sólo dos pasajes gratuitos sin acompañante y cuatro con acompañante, algo que Kriskovich considera contrario a la Ley Nacional 22431, que establece derechos claros para las personas con discapacidad. «Con solo tener el Certificado Único de Discapacidad, deberían poder acceder al transporte público sin restricciones», enfatizó.
La presidenta de PDU también informó que se enteraron de los cambios a través de un flyer en lugar de recibir una notificación oficial. «Esto refleja una falta de empatía en la sociedad y entre nuestros gobernantes. Si se vulneran los derechos de un sector tan vulnerable, ¿qué se puede esperar de otros?», cuestionó.
Kriskovich adelantó que, ante la falta de respuestas, se seguirán todas las instancias burocráticas y, si es necesario, llevarán el caso a la Justicia. «No se trata de que los políticos sientan empatía sólo cuando les toca, sino que deben actuar con empatía desde antes, ya que la discapacidad puede afectar a cualquiera», concluyó