FECORR: Entidad nacional presentó una aplicación web para denunciar la venta ilegal

La Federación Empresarial de Corrientes –FECORR-, con la firma de su titular Fernando Méndez, dio a conocer el informe  de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que presentó “El mapa de la Argentina ilegal”, una herramienta para ayudar a combatir el crimen organizado, que permite realizar denuncias en forma anónima, desde la PC o el celular ingresando a www.argentinailegal.com, donde se podrá identificar la ubicación de puestos de venta callejeros, saladitas, venta de mercadería robada, trabajo esclavo, talleres clandestinos, trata de personas, contrabando, corrupción y falsificación de marcas.

El modo de denunciar es muy simple. Al ingresar al sitio www.argentinailegal.com, se despliega un mapa en el que solo hay que hacer clic en el lugar donde se identifica un posible delito. Luego, se selecciona el tipo de ilícito y finalmente, se puede agregar una foto. CAME será la receptora de todas las denuncias y quien las transmita a la Justicia o a las fuerzas de seguridad.

La Asociación Civil Antipiratería Argentina trabajó junto a CAME para la elaboración de esta herramienta tecnológica basada en Google Maps y con la programación de Microsoft.net

“Con esta AP estamos dando un paso más para lograr una lucha eficaz contra la venta ilegal”, dijo Cornide y aclaró: “Necesitamos de la colaboración de la ciudadanía y los medios, porque esto no va solo contra los comerciantes: va contra todos. Un trabajador ilegal le quita trabajo a uno legal. Un vendedor ilegal le quita clientes a un comerciante legal. Y cuando se involucran narcotráfico y talleres clandestinos hace a la conciencia de la sociedad”.

En cuanto a la conexión entre venta ilegal y narcotráfico el presidente de CAME señaló: “La actividad ilegal ha atraído a sectores que realizan diferencias sustanciales entre la compra y la venta de mercadería falsificada que financian luego el tráfico de drogas”, dijo durante la presentación a la que asistieron funcionarios de los tres poderes, representantes de las fuerzas de seguridad y de INTERPOL.

En cuanto a la defensa del espacio público, Cornide señaló: “Imagínense una pizzería en el Obelisco, una confitería en la Pirámide de Mayo o 500.000 manteros en todo el país. El que está en contra de esta nueva herramienta para denunciar, está a favor de lo ilegal”.

Por su parte, Enrique Caride, vicepresidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina, resaltó que el objetivo de la nueva herramienta “no es deslindar responsabilidad en el consumidor, sino buscar que todos sean partícipes en este combate. Cuando un producto está más barato que en el mercado legal es porque es robado o falsificado”. Además estableció que “la clave para tener éxito es el trabajo conjunto entre el sector público y privado”.

La venta ilegal es un negocio millonario diseñado por mafias organizadas que desarrollan un sistema de trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, falsificación, robo y piratería de mercadería, competencia desleal, narcotráfico y corrupción. En total moviliza más de $ 52.700 millones por año, que se traducen en menos empleo formal y derechos para los trabajadores. Además, no ingresan al fisco impuestos destinados al bien común, como salud, educación, seguridad y obras públicas. La expansión de la ilegalidad no sólo destruye al comercio sino también al país, desalentando a la industria, a los emprendedores, la radicación de empresas y el diseño y desarrollo de la Nación.

CAME se convirtió en un referente de la lucha contra este flagelo, a través de distintas acciones que desarrolló durante los últimos años como por ejemplo la realización del mapa de la Argentina ilegal, la creación de la Mesa Nacional de Lucha contra el Comercio Ilegal y la Piratería, foros y talleres en todo el país, la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, la filmación de la invasión del espacio público a través de drones, acciones judiciales, campañas de concientización de la opinión pública, el impulso a leyes nacionales y provinciales y la firma de un acuerdo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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