La Fiscalía acusa al exoficial de haber obligado a un detenido a firmar la transferencia de una camioneta dentro de la comisaría, mientras que la defensa sostiene que se trató de un acto voluntario y sin amenazas.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2024, cuando Llaipén ingresó al calabozo de un joven de 26 años detenido por un delito económico. A pesar de que no tenía funciones operativas en el lugar, el exoficial habría exhibido su arma reglamentaria y pronunciado frases amenazantes, como “tenés que firmar un 08, te doy dos opciones o firmás o firmás”, e incluso advirtió sobre posibles golpes y traslado a pabellones con detenidos peligrosos. La víctima finalmente firmó el formulario de transferencia ante una escribana, y Llaipén habría recibido $660 000 por el trámite.
La defensa, en tanto, asegura que no hubo amenazas y que el documento fue firmado de manera voluntaria, argumentando que todo se trató de un favor realizado en un contexto amistoso y con lenguaje coloquial.
El juicio, presidido por un tribunal mixto de jueces técnicos y vocales ciudadanos, continúa con la presentación de testigos y pruebas que determinarán si se configuró el delito de abuso de autoridad.